Una creciente inquietud se ha manifestado entre los progenitores en Tarija ante el avance del microtráfico de marihuana y la proliferación del uso de cigarrillos electrónicos en las unidades educativas. Frente a esta problemática, ha resurgido la demanda para reinstaurar el programa “Mochila Segura”, una iniciativa que en el pasado demostró su eficacia en la contención de estupefacientes, pero que fue interrumpida por una resolución judicial tras una impugnación.
El fenómeno de los dispositivos de vapeo es cada vez más notorio. Se ha reportado que en diversos establecimientos educativos de la capital, la posesión y el consumo de estos aparatos se han vuelto habituales. Incluso, se han documentado situaciones donde estudiantes fueron sorprendidos con múltiples unidades de estos dispositivos, que, a pesar de su apariencia inofensiva, han sido objeto de advertencias por parte de organismos de salud internacionales debido a sus efectos perjudiciales. Estos organismos han enfatizado la necesidad de controles rigurosos sobre los cigarrillos electrónicos para salvaguardar a la juventud y a los no fumadores, minimizando así sus riesgos.
Desde la Junta Escolar, se ha informado que los incidentes detectados han sido comunicados a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, aunque se ha expresado una crítica sobre la ausencia de medidas concretas y efectivas. Se ha cuestionado la pasividad ante la normalización de estos casos, señalando que, a pesar de las menciones sobre protocolos preventivos por parte de las autoridades educativas, no existen mecanismos de acción tangibles. En este contexto, se ha reiterado que el programa “Mochila Segura” fue el único que arrojó resultados positivos. Se lamenta que su suspensión se haya debido a la protección de derechos de quienes infringen las normas, dejando desamparada a la mayoría que las respeta.
En el ámbito de la salud mental, especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental han advertido que, si bien existe una vasta información sobre los daños del tabaco tradicional, aún no se dispone de estadísticas oficiales sobre el consumo de dispositivos de vapeo. Ante este vacío, se está proyectando una investigación para determinar patrones de consumo, edades de inicio y frecuencia, considerando que estos cigarrillos electrónicos también contienen sustancias adictivas y nocivas. A nivel internacional, se ha observado que veintiún naciones del continente americano ya han implementado regulaciones para estos dispositivos. Ocho de ellas, incluyendo a Brasil, México y Uruguay, han prohibido su comercialización, mientras que otras aplican restricciones parciales. Contrariamente, Bolivia aún carece de una normativa específica al respecto. Los cigarrillos electrónicos operan calentando líquidos que contienen nicotina y otros compuestos químicos para generar aerosoles inhalables. Las principales organizaciones de salud a nivel global recomiendan a los gobiernos prohibir su venta, limitar su uso en espacios públicos, restringir su publicidad y aplicar impuestos similares a los del tabaco.
El otro factor de preocupación es la expansión del microtráfico de marihuana. Se considera que la interrupción de “Mochila Segura” ha debilitado significativamente los esfuerzos contra las drogas en el entorno escolar. Se han reportado situaciones donde, al tratarse de menores de edad con cantidades mínimas de posesión, no se pueden tomar acciones contundentes, lo cual es atribuido a leyes excesivamente permisivas y a instituciones que, según se argumenta, amparan a quienes portan estas sustancias. Se ha planteado el interrogante sobre qué derecho se vulnera al inspeccionar una mochila escolar, dado que su contenido debería limitarse a útiles académicos, y la presencia de armas o sustancias prohibidas constituye un ilícito.
En respuesta a esta situación, se ha anunciado que se buscará la autorización de los padres para llevar a cabo revisiones de mochilas, con el fin de evitar las objeciones legales que llevaron a la suspensión previa. A esta iniciativa se pretende sumar la colaboración de diversas entidades, incluyendo organismos de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Es importante destacar que el microtráfico de sustancias controladas es una realidad persistente en Tarija, y aunque en años anteriores la atención se centraba en las unidades educativas de secundaria, se reconoce que el problema se extiende e intensifica en los niveles de educación superior, así como en las calles. Un ejemplo reciente en la región fue el desmantelamiento de una red familiar dedicada al microtráfico, que operaba bajo la fachada de un negocio de barrio.
A nivel nacional, la lucha contra el narcotráfico ha mantenido una actividad constante. Durante el primer semestre del año en curso, se llevaron a cabo 5.865 operativos de interdicción en todo el país, lo que equivale a un promedio de treinta y dos intervenciones diarias. Enero fue el mes con mayor número de acciones, registrando 1.021 operativos. Los departamentos con mayor incidencia fueron Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. En el año anterior, se incautaron más de sesenta y seis mil kilogramos de cocaína, de los cuales una parte significativa correspondía a cocaína base y otra a clorhidrato, evidenciando la continua existencia de laboratorios rústicos y centros de producción
