A pesar de las solicitudes de desistimiento y la realización de una audiencia pública, las autoridades mantienen la revisión del ingreso de actividades petroleras a la Reserva, según expresaron los líderes comunitarios Juan Mendoza y Paola Gareca.
La Fiscalía de Entre Ríos, en la provincia de Tarija, ha presentado una acusación formal contra once comunarios de la región de Tariquía, quienes enfrentan un proceso penal por presuntos delitos relacionados con el bloqueo de caminos y la oposición a la entrada de empresas petroleras en la zona protegida.
Juan Mendoza Gutiérrez, uno de los acusados, señaló que inicialmente esperaban una solución pacífica, pero lamentablemente consideran que se están vulnerando los derechos de quienes defienden el medio ambiente. Destacó además que la Reserva de Tariquía corre riesgo de desaparecer debido a estas circunstancias.
La acusación surge a partir de la primera denuncia presentada por la empresa Petrobras, aunque actualmente existe una segunda denuncia que involucra a algunos comunarios en una investigación adicional por el supuesto delito de “asociación delictuosa”.
Mendoza afirmó que el bloqueo realizado fue una medida para hacer valer las decisiones tomadas por la comunidad y que la acusación representa un acto de intimidación y humillación hacia ellos, aunque reiteró que mantendrán su postura amparada en la Constitución.
Por su parte, Paola Gareca, también acusada en el primer proceso, expresó su preocupación por la situación judicial y solicitó el apoyo de la población para que cesen las denuncias y acusaciones, las cuales calificó de injustas y que solo buscan penalizar la defensa del territorio y los recursos naturales.
En otro ámbito, el vicepresidente del país, Edman Lara, visitó la Reserva de Tariquía para manifestar su respaldo a la protección del área frente a la actividad petrolera. Sin embargo, esta acción fue cuestionada por el dirigente cívico Fernando Leytón, quien consideró que la visita tiene un carácter más simbólico que efectivo. Leytón señaló que una defensa genuina debería implicar gestiones concretas en la Asamblea Nacional y la implementación de medidas formales desde la capital.
Este escenario refleja la tensión existente entre las comunidades locales, las autoridades y las empresas petroleras en torno a la conservación de la Reserva de Tariquía y el desarrollo de actividades extractivas en la región
