El Ministerio Público ha activado un plan operativo integral a nivel nacional para supervisar la próxima segunda vuelta electoral. Esta iniciativa, coordinada con el Tribunal Supremo Electoral, implica un significativo contingente de personal dedicado a asegurar la integridad y transparencia del proceso democrático.
El Fiscal General, Roger Mariaca Montenegro, confirmó el despliegue de 410 fiscales en todo el territorio nacional. Este equipo se complementa con 282 fiscales asistentes y 71 peritos especializados, elevando el número total de funcionarios del Ministerio Público involucrados a más de 770. Estos profesionales tienen la tarea de colaborar estrechamente con los jueces electorales y los tribunales electorales departamentales en cada región. Las preparaciones para este evento electoral crucial comenzaron en la primera semana de octubre, alineándose con el calendario electoral establecido.
El objetivo de estos esfuerzos es salvaguardar los principios democráticos, proteger el derecho al voto de los ciudadanos y asegurar la elección de autoridades legítimas. El Ministerio Público subraya su compromiso de proporcionar certeza jurídica y respaldo a los organismos electorales, facilitando una jornada de votación pacífica y ordenada. Se anticipa que la jornada transcurrirá como una celebración democrática, donde finalmente prevalecerá la voluntad popular.
En paralelo, el Órgano Judicial también ha movilizado sus recursos para monitorear el desarrollo de los comicios. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, anunció que 836 jueces serán distribuidos por todo el país para velar por la legalidad del proceso de votación. Estos funcionarios judiciales asumirán responsabilidades electorales, poniéndose a disposición de la ciudadanía para atender cualquier posible delito de esta índole.
Cada Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia coordinará con los presidentes de los tribunales departamentales de justicia, con el fin de replicar el exitoso seguimiento de la jornada de votación de agosto. Este esfuerzo coordinado resalta el compromiso inquebrantable del Órgano Judicial con el fortalecimiento de la democracia en el país y la garantía de un desarrollo normal del acto electoral. La institución expresa su confianza en que estas medidas contribuirán a consolidar un marco democrático robusto
