El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Oviedo, ha señalado con contundencia que el país se convirtió en la principal base de operaciones del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según explicó, Marset encontró en Bolivia un ambiente propicio para desarrollar sus actividades ilícitas debido a la impunidad y protección que habría recibido durante administraciones anteriores, específicamente bajo el gobierno encabezado por Luis Arce Catacora. Esta afirmación pone en evidencia una supuesta negligencia institucional que permitió que el narcotraficante utilizara territorio boliviano como un refugio seguro para sus operaciones.
La captura de Sebastián Marset se llevó a cabo mediante un operativo especial en el barrio Las Palmas de la ciudad de Santa Cruz, uno de los centros urbanos más importantes del país. La acción fue resultado de una investigación exhaustiva y prolongada, que duró semanas y estuvo marcada por la recopilación meticulosa de indicios, comunicaciones y otros elementos probatorios que finalmente permitieron localizar al capo narcotraficante. En el momento de su detención, las autoridades encontraron a Marset solo y descansando, lo que sugiere que confiaba plenamente en la seguridad que le brindaba su base boliviana.
La operación no solo refleja la capacidad investigativa y operativa de las fuerzas especiales bolivianas, sino también un compromiso activo del Ministerio de Gobierno para combatir el narcotráfico. Cabe destacar que este trabajo policial continuó incluso mientras el ministro Marco Oviedo se encontraba en Viena, Austria, donde lideraba la delegación boliviana ante Naciones Unidas. Allí presentó nuevas propuestas orientadas a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo a nivel internacional, evidenciando un enfoque integral y coordinado para enfrentar estas amenazas.
Tras su captura, Sebastián Marset fue expulsado inmediatamente del país hacia Estados Unidos, cumpliendo con los protocolos migratorios establecidos. Esta medida refleja no solo una respuesta rápida por parte del gobierno boliviano ante un caso de alto perfil, sino también la cooperación internacional necesaria para enfrentar organizaciones criminales transnacionales.
La declaración del ministro Oviedo también implica una crítica directa al anterior gobierno, señalando que permitió condiciones que favorecieron el establecimiento y operación del narcotraficante en Bolivia. Este señalamiento pone sobre la mesa un debate sobre las políticas públicas implementadas en materia de seguridad y justicia durante ese período y plantea interrogantes sobre posibles fallas institucionales o incluso complicidades que facilitaron la impunidad denunciada.
En este contexto, la detención y expulsión de Marset adquieren relevancia no solo como un golpe operativo contra una figura clave del narcotráfico regional, sino también como un mensaje político contundente sobre la intención del actual gobierno boliviano de revertir prácticas anteriores y fortalecer los mecanismos para combatir estas redes criminales. Para la población boliviana, esta acción representa un paso significativo hacia la recuperación del control territorial frente a actividades ilícitas que suelen impactar negativamente en la seguridad ciudadana y el desarrollo social.
En resumen, la captura del uruguayo Sebastián Marset en Bolivia expone tanto las vulnerabilidades pasadas como los esfuerzos presentes para enfrentar el narcotráfico en el país. El relato oficial destaca cómo Bolivia pasó a ser considerada una base estratégica para este delincuente debido a condiciones internas permisivas y señala una voluntad política renovada para cerrar esos espacios de impunidad. Este episodio evidencia además la importancia de mantener una vigilancia constante y acciones coordinadas entre autoridades nacionales e internacionales para prevenir que actores criminales utilicen cualquier territorio como refugio seguro para sus operaciones ilícitas
