El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, atribuyó el conflicto en Colcapirhua a una disputa territorial entre dos grupos delictivos. Según explicó, estas bandas buscan controlar áreas cercanas a un depósito de residuos sólidos, lo que desencadenó un enfrentamiento violento. La Policía intervino en cumplimiento de una orden judicial para acompañar un convoy de desechos, pero fue atacada durante la operación.
Lamentablemente, el choque dejó como saldo dos fallecidos. El ministro expresó sus condolencias a las familias afectadas y también mostró solidaridad hacia un oficial policial que, en medio del operativo, cometió el error de portar su arma reglamentaria. Al analizar las imágenes del incidente, se evidenció que el oficial había disparado 16 balines de perdigones con una escopeta, de los cuales se lograron extraer 15, aunque aún persisten dificultades para retirar uno más que permanece alojado en su cuerpo.
Además, en el lugar del conflicto se encontraron objetos como drones, dinero en efectivo y dinamita, elementos que refuerzan la gravedad del enfrentamiento. El incidente se originó durante la intervención policial en un bloqueo mantenido por comunarios de Cotapachi desde hace 12 días, debido a una disputa limítrofe entre Quillacollo y Colcapirhua. La tensión aumentó cuando la policía intentó despejar el paso bloqueado.
Tras los hechos violentos, que dejaron dos muertos y 16 heridos, la justicia dictó detención domiciliaria para tres comunarios implicados en el incidente ocurrido en el botadero de Cotapachi. Paralelamente, la Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva del subteniente que admitió haber disparado su arma durante el operativo.
El Ministerio Público informó sobre la captura de nueve personas, entre ellas ocho comunarios y un policía. Este último será imputado por homicidio, luego de que la inspección técnica confirmara que los proyectiles encontrados en la escena corresponden a armamento policial
