El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, ha revelado una denuncia de gran impacto político y económico relacionada con las protestas que sacudieron al país entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Según su declaración, más de 40 millones de dólares fueron utilizados para financiar movilizaciones cuyo objetivo principal era desestabilizar y derrocar al gobierno del entonces presidente Rodrigo Paz, a raíz de la polémica eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
Esta afirmación se sustenta en informes de inteligencia que habrían identificado a los presuntos financistas detrás de estas manifestaciones. El ministro destacó que estas protestas carecían, a su juicio, del respaldo social necesario para sostenerse por sí mismas y que la inyección masiva de recursos económicos fue un factor determinante para mantenerlas activas durante semanas. Este contexto revela una estrategia coordinada para generar un ambiente político tenso y conflictivo en respuesta a una medida gubernamental considerada clave para la política económica del país.
El detonante principal fue la promulgación del Decreto Supremo 5503 el 17 de diciembre de 2025. Esta norma eliminó la subvención estatal a los hidrocarburos, lo que provocó un aumento inmediato en los precios del combustible al ajustarlos al valor internacional. Además, el decreto introdujo mecanismos ágiles para la aprobación de contratos de explotación de recursos naturales y facilitó el acceso a financiamiento externo, aspectos que buscaban modernizar y dar mayor dinamismo a sectores estratégicos del país. Sin embargo, esta decisión generó un rechazo social considerable, especialmente entre los sectores más vulnerables y aquellos acostumbrados a beneficiarse del precio subsidiado.
Las protestas fueron encabezadas principalmente por la Central Obrera Boliviana (COB), entidad sindical con amplia influencia en la movilización social. La intensidad y duración de las manifestaciones obligaron al Ejecutivo a reconsiderar su posición jurídica sobre el decreto original. Finalmente, el gobierno decidió abrogar el Decreto Supremo 5503 el 12 de enero siguiente y promulgó una nueva normativa, el Decreto 5516. Este nuevo decreto mantuvo el levantamiento de la subvención pero incorporó medidas compensatorias como el Bono Pepe, destinado a mitigar el impacto económico en los sectores más afectados por el aumento en los precios del combustible.
El ministro Justiniano calificó este periodo como “bastante complicado”, en parte debido a que el gabinete ministerial aún estaba en proceso de conformación y definición estratégica cuando estallaron las protestas. A pesar de las dificultades políticas y sociales enfrentadas, defendió la necesidad económica que motivó la eliminación gradual del subsidio: ajustar los precios internos del combustible al mercado internacional es una práctica común en muchos países que buscan estabilidad macroeconómica y certidumbre para inversionistas.
Una cuestión relevante planteada por Justiniano es la identificación del origen del financiamiento detrás del movimiento opositor. El ministro descartó cualquier implicación directa del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido político opositor durante ese periodo, e indicó que los fondos provinieron principalmente de grupos económicos beneficiados por la subvención estatal previa. Estos actores obtenían grandes ganancias adquiriendo combustibles a precio oficial subsidiado para luego revenderlos en mercados informales o paralelos con márgenes elevados. Según sus declaraciones, estos grupos amasaban entre tres millones quinientos mil y cuatro millones de dólares diarios gracias a esta práctica.
En consecuencia, esos mismos intereses económicos habrían decidido apostar fuertemente por desestabilizar al gobierno para proteger sus privilegios financieros. La denuncia incluye además que el Ministerio de Gobierno ya ha identificado formalmente a algunos presuntos financiadores y está trabajando activamente para presentar cargos judiciales contra ellos. Las investigaciones continúan abiertas con el objetivo no solo de esclarecer responsabilidades penales sino también políticas respecto a los hechos violentos ocurridos durante las protestas.
Este episodio pone sobre la mesa un debate complejo sobre las tensiones entre políticas públicas orientadas a corregir distorsiones económicas profundas y las resistencias sociales e intereses particulares que pueden surgir como reacción. La experiencia vivida durante esos meses refleja cómo decisiones económicas estructurales pueden desencadenar crisis políticas significativas cuando no se acompañan con procesos amplios de diálogo social o mecanismos efectivos para mitigar impactos inmediatos en sectores vulnerables.
Asimismo, evidencia un escenario donde actores económicos poderosos pueden influir decisivamente en dinámicas sociales mediante financiamiento externo a movimientos sociales o políticos con fines desestabilizadores. Para la población general, este caso resalta los costos indirectos que puede tener la manipulación financiera detrás de protestas sociales legítimas o espontáneas, afectando tanto la gobernabilidad como la calidad democrática.
En definitiva, las revelaciones hechas por Justiniano generan un llamado urgente a profundizar mecanismos transparentes para regular subsidios estatales y fortalecer controles sobre fuentes financieras vinculadas con movimientos sociales políticos. Así mismo demandan mayor responsabilidad institucional para prevenir futuras crisis similares que pongan en riesgo tanto el desarrollo económico como la estabilidad política nacional
