El Gobierno boliviano ha declarado una emergencia energética y social mediante el Decreto Supremo 5517, en respuesta a la inflación creciente y la escasez de dólares y combustibles que afectan al país. Según el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aunque el suministro de combustibles se ha estabilizado, persisten ciertos retos que deben ser abordados.
Para garantizar una provisión constante y sostenible en los próximos años, se implementará la creación de bloques mayoristas que abastecerán de gasolina y diésel durante un período de cinco años, involucrando tanto a empresas privadas como a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Esta medida busca consolidar la normalización del mercado y evitar futuras interrupciones.
Sin embargo, la estabilización de precios ha generado un desplazamiento en las actividades ilícitas relacionadas con el contrabando. Ahora, los contrabandistas están enfocando su atención en el gas envasado en garrafas, un producto principalmente consumido por familias de bajos recursos. El precio considerablemente más alto de estas garrafas en países vecinos, como Perú, crea un incentivo para su salida ilegal desde Bolivia.
El ministro Medinaceli enfatizó que el próximo desafío es asegurar el abastecimiento interno de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas y frenar el contrabando que afecta el mercado local. En este sentido, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha informado que, a pesar de la elevada demanda, se mantiene un monitoreo constante y un control riguroso sobre la distribución de GLP para garantizar la entrega oportuna a la población.
Estas acciones forman parte de un esfuerzo integral para enfrentar las dificultades energéticas y sociales que atraviesa el país, buscando proteger a los sectores más vulnerables y asegurar la estabilidad del suministro energético a nivel nacional
