A pesar de una inversión significativa y la promesa de modernización, la Morgue Judicial de La Paz enfrenta una crítica situación: cuerpos yacen en el suelo, sin la adecuada refrigeración, mientras que tres bloques de cámaras frigoríficas, con un valor de 7.6 millones de bolivianos, permanecen infrautilizados en el sótano. La garantía de estos equipos, un componente clave de la infraestructura, caducará en pocos meses. La raíz de este problema radica en la ausencia de un ascensor electromecánico, vital para trasladar los cuerpos a las unidades de conservación ubicadas en el subsuelo.
La realidad operativa dista mucho de la visión inicial. Un trabajador de servicios funerarios, con más de un año de experiencia en el lugar, describe una rutina desoladora: la necesidad de retirar los cuerpos directamente del suelo, a menudo envueltos precariamente en bolsas plásticas o frazadas. Se percibe una carencia de equipos adecuados para su manipulación. Tras las autopsias, los residuos orgánicos se esparcen, y la limpieza se reduce a un simple lavado con manguera hacia un canal, evidenciando la falta de equipamiento adecuado para el manejo digno de los restos.
Esta precaria situación ha sido corroborada por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, que realizó dos inspecciones, una en marzo y otra el 25 de junio. En la segunda visita, se constató que cuatro de las seis irregularidades identificadas inicialmente persistían. Entre las deficiencias persistentes se incluyen maletines forenses que no cumplen con las especificaciones técnicas, una mesa de lavado de cuerpos de tamaño insuficiente con problemas de presión de agua, y un carrito para el transporte externo de cadáveres cuyas dimensiones no se ajustan a los estándares. Estas anomalías son atribuidas a una gestión deficiente por parte de la Gobernación paceña.
La instalación fue inaugurada el 6 de febrero de 2024, en un acto que contó con la presencia de altas autoridades, donde se proclamó como la morgue más moderna del país, prometiendo condiciones óptimas para el trabajo forense y un trato respetuoso y humano a los difuntos. Sin embargo, a más de un año y medio de esa fecha, la gestión de los restos cadavéricos no ha experimentado mejoras sustanciales. Cabe destacar que el convenio entre la Gobernación y la Fiscalía fue suscrito el 27 de abril de 2023, nueve meses antes de la inauguración, lo que subraya un prolongado incumplimiento de los acuerdos.
El asambleísta Israel Alanoca ha señalado que cuatro equipos esenciales, incluyendo el ascensor, no fueron adquiridos por la Gobernación. Se argumenta que la actual escasez de dólares y el tipo de cambio paralelo dificultan la compra de estos equipos, muchos de ellos de origen italiano, lo que implicaría un aumento considerable en los costos. Esta situación, según Alanoca, podría constituir negligencia, irresponsabilidad y un potencial daño económico al Estado.
Entre las observaciones técnicas específicas, se detalló que el carrito para el transporte de cadáveres a exteriores no cumple con las medidas y dimensiones estándar. La mesa de lavado presenta deficiencias en la presión del suministro de agua. En el caso de los maletines para autopsia, algunos componentes no se ajustan a las dimensiones estipuladas en el documento base de contratación. Adicionalmente, la empresa adjudicataria, San Lucas Distribuciones, no cumplió con la capacitación al personal médico para la manipulación de los equipos, formación que estaba comprometida en su propuesta contractual.
A la fecha, no se ha obtenido respuesta de la Gobernación respecto al presunto incumplimiento en el traspaso de activos, específicamente una sierra oscilante y un maletín para autopsia, al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). La Gobernación de La Paz ha optado por no emitir comentarios ante las consultas sobre estas irregularidades.
La falta de equipamiento es tal que los profesionales forenses se ven obligados a utilizar sus propios instrumentos médicos. Las observaciones detalladas, que debieron ser objetadas por la Comisión de Recepción —integrada por Jhoselin Chuquimia Pascaja, Elma Santos Luna, Guillermo Condori y Guillermo A. Moor Barrenechea de la Gobernación, así como por representantes del Ministerio Público—, no fueron consideradas, lo que podría acarrear responsabilidades en el ejercicio de la función pública
