Andrés Meriles, líder del movimiento campesino en Tarija, ha expresado su firme postura respecto a la necesidad de acatar una resolución constitucional que exige la restitución de Sandra Gutiérrez como fiscal departamental. Meriles advirtió que el incumplimiento de esta orden podría resultar en consecuencias legales para las autoridades responsables.
El dirigente destacó que el artículo 179 del Código Penal estipula penas de prisión de entre dos a seis años para aquellos funcionarios que ignoren las decisiones de una sala constitucional. En este contexto, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, tiene la obligación de cumplir con el fallo que ordena la reincorporación de Gutiérrez.
Meriles subrayó la urgencia de que Lanchipa actúe conforme a la resolución judicial, señalando que es fundamental para mejorar la imagen de Bolivia en el ámbito internacional. También destacó que el país ha enfrentado críticas en el extranjero debido a la impunidad que rodea casos de pedofilia y trata de personas, situaciones que, según él, han sido desatendidas por anteriores administraciones.
El líder campesino concluyó su intervención con la esperanza de que la justicia en este caso recae sobre Gutiérrez, lo que, según él, generará mayor confianza en el sistema judicial boliviano y mejorará su reputación en el exterior.
Este episodio refleja la creciente frustración entre los sectores campesinos y otros grupos sociales que demandan un sistema judicial más eficaz y transparente
