En un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los jóvenes en el servicio militar, varias familias han denunciado que los recientes fallecimientos de conscriptos en Tarija, Pando y La Paz son el resultado de abusos y violencia sistemática en los cuarteles. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, se registraron al menos tres muertes de jóvenes en circunstancias que han generado inquietud y debate público sobre la obligatoriedad del servicio militar.

Uno de los casos más impactantes es el de Axel Ariel Villaca Menacho, un joven de 20 años que falleció a principios de diciembre mientras se encontraba a un mes y medio de completar su servicio en el Batallón Padilla, ubicado en Tarija. Según su familia, Axel ingresó al hospital con un dolor abdominal severo y murió pocas horas después. Su padre, Mario Villaca, ha revelado que su hijo fue sometido a humillaciones físicas por parte de sus superiores, incluyendo un episodio en el que le hicieron “trapear el piso con su espalda”. Además, cuestionó la atención médica recibida, sugiriendo que la falta de pronta asistencia pudo haber contribuido a la tragedia.

Otro caso relevante es el de Javier Charcas, un conscripto de 18 años que perdió la vida en Cobija, Pando. Las autoridades militares informaron que su muerte se debió a ahogamiento mientras lavaba ropa en el río. Sin embargo, sus familiares han expresado serias dudas sobre esta versión y han insinuado que podría haber habido abuso detrás del suceso. Aunque una necropsia descartó rumores sobre extracción de órganos, las circunstancias exactas siguen siendo objeto de controversia.

La situación se complica aún más con la muerte del cadete Pablo Rebozo en la Academia Nacional de Policía (Anapol). A pesar del diagnóstico oficial que señala una neumonía como causa del fallecimiento, sus padres sostienen que su hijo había sido golpeado antes de morir. La autopsia reveló lesiones y moretones en su cuerpo, lo que refuerza las sospechas sobre el tratamiento violento recibido por los cadetes.

Además de estos trágicos eventos, ha surgido un video en redes sociales mostrando agresiones a un soldado del Regimiento de Infantería R-10 Warnes en Santa Cruz. Este material visual ha intensificado las preocupaciones sobre la cultura del abuso dentro del ejército boliviano.

Ante esta serie alarmante de incidentes, familiares afectados han viajado a La Paz para exigir justicia y señalar lo que consideran una inacción por parte de las autoridades militares y policiales. Este clamor ha reavivado el debate sobre la necesidad o no del servicio militar obligatorio. La senadora Judith Rosario García ha propuesto un proyecto de ley para eliminar esta obligatoriedad y ofrecer alternativas a los jóvenes para obtener su libreta militar, documento necesario para varios trámites administrativos.

La propuesta legislativa incluye opciones como prestar servicio voluntario en organizaciones como el Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia – SAR (GVSB-SAR), así como participar en ministerios o entidades sociales. Esta iniciativa busca no solo diversificar las opciones disponibles para los jóvenes sino también abordar las preocupaciones sobre la seguridad y bienestar dentro del sistema militar boliviano.

Las familias continúan demandando justicia y transparencia mientras persiste el debate sobre la reforma del servicio militar en Bolivia.

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