Una ciudadana de 26 años ha sido condenada a tres años de privación de libertad por el delito de estupro, tras establecer una convivencia y mantener relaciones íntimas con un adolescente de 17 años en la localidad de Cobija, Pando. No obstante, la autoridad judicial ha otorgado a la mujer el beneficio de la suspensión condicional de la pena, lo que implica que no ingresará a un centro penitenciario para cumplir la sentencia.
La situación se hizo pública a raíz de un incidente de violencia familiar, que llevó a la pareja a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. Durante la investigación inicial, se constató que el varón era menor de edad y que residía junto a la mujer en un domicilio del barrio García Linera. Paradójicamente, la persona que inicialmente acudió como presunta víctima de violencia familiar, fue posteriormente imputada por estupro al confirmarse su relación con un menor.
Por su parte, el joven de 17 años ha sido ingresado en el Centro de Reintegración Villa Rojas bajo detención preventiva, conforme a la disposición de la autoridad judicial competente en materia de menores. El proceso legal por violencia familiar que lo involucra sigue su curso de investigación.
En cuanto al caso de la mujer, esta optó por acogerse a un procedimiento abreviado, reconociendo su culpabilidad en el delito imputado. La resolución judicial, emitida por el Juez Cautelar N.º 1, Valencia Guaita, establece además que la condenada deberá observar un año de reglas de conducta bajo estricta supervisión judicial. La ausencia de antecedentes penales previos fue un factor determinante para la concesión de la suspensión condicional. Se ha advertido que el incumplimiento de las condiciones establecidas resultará en la revocación de este beneficio y la ejecución efectiva de la pena de tres años de prisión.
La normativa legal boliviana es categórica al considerar un delito las relaciones sexuales entre un adulto y un menor de 18 años, independientemente de la existencia de consentimiento. Las autoridades han subrayado la importancia de no normalizar tales uniones, enfatizando la claridad de la ley en la sanción de estas conductas.
Este suceso ha provocado un considerable debate en Cobija, no solo por la naturaleza dual de las investigaciones —una mujer procesada por estupro y un menor enfrentando cargos por violencia familiar— sino también por las interrogantes surgidas en plataformas digitales respecto a la aparente levedad de la pena impuesta a la mujer por el delito de estupro
