El marco electoral para la próxima segunda vuelta de las Elecciones Generales de 2025 establece un régimen claro de penalizaciones económicas para diversos actores involucrados en el proceso. Este esquema de sanciones abarca no solo a los ciudadanos designados como jurados de mesa, sino también a los notarios electorales y a los servidores públicos, quienes deberán cumplir estrictamente con sus responsabilidades para evitar multas.
En particular, los ciudadanos seleccionados como jurados de mesa que se ausenten sin justificación o abandonen sus puestos en las mesas de sufragio se enfrentarán a una sanción equivalente al 50% del salario mínimo nacional vigente, lo que representa un monto de 1.375 bolivianos.
La normativa también detalla otras infracciones específicas para los jurados. Aquellos que no participen en las juntas de jurados deberán abonar una multa del 5% del salario mínimo, es decir, 137,5 bolivianos. Asimismo, la ausencia temporal sin la debida autorización de la presidencia de mesa acarreará una penalización del 30% del salario mínimo, equivalente a 825 bolivianos. Una multa idéntica a la máxima, del 50% del salario mínimo, se aplicará a los jurados que omitan reportar de inmediato a los notarios electorales cualquier violación a las normas establecidas.
Por su parte, las disposiciones vigentes también contemplan un conjunto de sanciones por el incumplimiento de funciones esenciales por parte de los notarios electorales. Se ha determinado que aquellos notarios que no asistan a la organización de las mesas, no brinden el apoyo necesario en la capacitación de los jurados o eludan sus responsabilidades durante la jornada electoral, serán pasibles de una multa del 50% del salario mínimo, es decir, 1.375 bolivianos. Esta misma penalización se extiende a los notarios que no realicen los reportes exigidos en los sistemas de monitoreo o que fallen en la distribución oportuna del material electoral a las mesas de sufragio
