La compleja situación económica actual ejerce una presión significativa sobre las micro y pequeñas empresas (Mypes) del país, muchas de las cuales dependen en gran medida del financiamiento bancario para operar. Se estima que alrededor del 90% de estos negocios mantienen créditos con entidades financieras, enfrentando ahora serias dificultades para cumplir con los pagos mensuales acordados.
Ante este panorama, representantes del sector empresarial han alzado la voz, solicitando al Gobierno nacional la implementación de una normativa que establezca un periodo de gracia efectivo para los créditos bancarios. Consideran que las medidas actualmente promovidas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), como el diferimiento o la reprogramación de deudas, resultan insuficientes y, en algunos casos, pueden agravar la carga financiera al generar intereses adicionales.
La asfixia financiera se atribuye, en parte, al incremento de los costos de las materias primas y a una notable disminución en la demanda de los consumidores, quienes priorizan gastos esenciales como la alimentación. Esta combinación reduce drásticamente la capacidad de las Mypes para generar los ingresos necesarios que permitan cubrir los servicios de su deuda.
La gravedad de la situación se refleja en datos locales. En una región específica como Cercado, reportes indican que el 10% de las unidades productivas han cesado operaciones, mientras que un 30% se encuentran paralizadas. El 60% restante opera con grandes dificultades, dependiendo de ventas diarias que han caído considerablemente. La falta de un flujo de ingresos constante hace que cumplir con las obligaciones bancarias sea un desafío insostenible para muchos.
Dirigentes empresariales han descrito la situación como una parálisis económica y advierten que un porcentaje significativo de microempresas ha cerrado en el último año, con propietarios que han optado por cambiar de rubro o incluso emigrar. Sectores como el textil, metalúrgico y carpintería se encuentran particularmente afectados, con maquinaria abandonada o puesta en venta.
Por ello, la demanda central del sector es un periodo de gracia real y completo que vaya más allá de una simple reprogramación. Proponen un congelamiento en el cobro de créditos por un lapso determinado, idealmente un año, como una medida de supervivencia que les permitiría equilibrar sus costos, recuperar capital y, posteriormente, estar en mejor posición para retomar los pagos. Argumentan que, si bien una medida así podría impactar al sector bancario, es fundamental para la subsistencia de las Mypes, la preservación de empleos y la reactivación económica desde la base.
En respuesta a las inquietudes del sector productivo, la ASFI emitió una circular instruyendo a las entidades financieras a considerar solicitudes de refinanciamiento o reprogramación para prestatarios afectados por la coyuntura. Estas disposiciones contemplan la posibilidad de incluir un periodo de gracia en el que no se exijan pagos de capital ni intereses, así como el ajuste de las condiciones crediticias a la realidad del deudor. La normativa de la ASFI también prohíbe la modificación automática de la calificación de riesgo del deudor y exige un trato equitativo, información clara y atención adecuada, con un plazo máximo de 30 días para procesar las solicitudes.
No obstante, representantes de asociaciones de prestatarios han manifestado que, si bien las directrices de la ASFI son un paso, no resuelven el problema de fondo. Argumentan que solo posponen la obligación de pago, lo que a la larga incrementa la deuda total debido a la acumulación de intereses. Desde su perspectiva, lo necesario es una normativa nacional de cumplimiento obligatorio que otorgue un respiro genuino a los deudores, permitiéndoles superar el actual bache económico antes de retomar sus compromisos financieros.
La necesidad de una ley nacional que establezca este periodo de gracia ha sido un tema recurrente en el debate público, e incluso ha sido mencionada por algunos candidatos a nivel nacional como una posible acción para apoyar a los sectores productivos frente a la crisis
