Una serie de graves incidentes delictivos, que incluyen secuestros y homicidios, han generado una profunda preocupación en las autoridades bolivianas, particularmente en las regiones de Santa Cruz y Cochabamba. Estos sucesos, presuntamente vinculados a disputas entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, han motivado el despliegue de unidades policiales especializadas en la identificación y captura de los responsables. Las autoridades gubernamentales han mantenido reserva sobre los pormenores de las investigaciones en curso.
Los primeros dos episodios registrados corresponden a secuestros ocurridos en Santa Cruz de la Sierra, los días 26 y 29 de julio. Imágenes captadas por cámaras de seguridad revelaron que ambos hechos fueron perpetrados por individuos armados, con rostros cubiertos por pasamontañas, pero que vestían chalecos tácticos con insignias que evocaban a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Si bien las primeras hipótesis apuntan a una conexión con el tráfico de drogas, la comandancia policial de Santa Cruz ha desestimado que los responsables sean miembros activos de la fuerza antidroga, aunque se mantiene la incógnita sobre si los dos eventos fueron obra del mismo grupo.
Se desconoce si existe relación entre las dos víctimas. El primer secuestrado fue identificado como José Carlos Canelas Dorado, de 43 años, interceptado en las inmediaciones del octavo anillo, en la zona norte de la ciudad. El segundo, Erick Roberto Baeza Achá, de 61 años, fue abordado en el barrio Las Palmas. El modus operandi exhibió similitudes en ambos casos: los secuestradores llegaron a los lugares en vehículos con vidrios polarizados antes que sus víctimas, las interceptaron con armas de alto calibre una vez que se aseguraron de que estaban solas, y las obligaron a subir a sus motorizados. Testigos no intervinieron, presumiblemente al creer que se trataba de una operación policial legítima. Se ha establecido que una de las víctimas, Erick Roberto Baeza Achá, posee antecedentes por delitos de secuestro, con registros que datan de eventos similares ocurridos en 1986 en Santa Cruz y en 1988 en Cochabamba, y su nombre, junto al de familiares, aparece en una sentencia judicial relacionada con este tipo de ilícitos.
Un tercer incidente violento tuvo lugar la madrugada del 11 de agosto, en la comunidad Nueva Tacopaya del municipio Villa Tunari, en el Chapare cochabambino. Una patrulla de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) fue emboscada con disparos de armas de fuego, petardos y proyectiles lanzados contra el vehículo. El ataque, presuntamente perpetrado por residentes locales, se produjo en respuesta a una operación antidroga previa, en la que se desmantelaron cinco instalaciones de producción de pasta base de cocaína y se incautó un vehículo cargado con precursores químicos. Dos efectivos, el subteniente José Luis Cruz Vargas y el sargento Miguel Becerra Zeballos, sufrieron heridas, incluyendo una lesión ocular y un corte facial, y fueron trasladados a un centro hospitalario en Chimoré. La violencia escaló cuando una ambulancia que intentaba evacuar a los policías también fue objeto de agresión.
Otro suceso de gravedad se descubrió la madrugada del 13 de agosto, aunque se presume que fue perpetrado un día antes. Se trata del homicidio de tres individuos de nacionalidad extranjera, cuyos cuerpos fueron encontrados en una residencia ubicada entre el segundo y tercer anillo de la avenida Los Cusis, en Santa Cruz. Cuatro personas fueron detenidas en el lugar, sospechosas de intentar eliminar los restos. Los cadáveres, envueltos en bolsas plásticas negras, presentaban signos de ejecución, con disparos en la cabeza y evidencia de haber sido maniatados. En el sitio se encontraron elementos y sustancias químicas que sugieren un intento de desintegración de los cuerpos. Uno de los fallecidos presentaba múltiples tatuajes. Las identidades preliminares de dos de las víctimas corresponden a Nazapebckn Lazarevski, de 43 años y origen búlgaro, y Dejic Miljan, de 38 años, de nacionalidad serbia. Se presume que la tercera víctima procedía de Dubái. Los cuatro individuos aprehendidos han sido imputados por asesinato y se les ha dictado detención preventiva por un periodo de 180 días.
Finalmente, el patrón de violencia se extendió con un quinto incidente, ligado a presuntos ajustes de cuentas entre grupos de narcotraficantes. La noche del mismo miércoles, dos personas que circulaban en un vehículo gris en el municipio cochabambino de Entre Ríos fueron blanco de un ataque. Dos individuos armados descendieron de otro motorizado y abrieron fuego contra el automóvil de las víctimas, para luego darse a la fuga. Las dos víctimas, hombres de 26 y 31 años, fueron trasladadas a centros médicos en Cochabamba y Villa Tunari, respectivamente. En el lugar del ataque se recuperaron trece casquillos de munición calibre 5.56 mm. Las investigaciones incluyen el análisis de grabaciones de seguridad de establecimientos cercanos. Se evalúa la hipótesis de que el móvil sea una disputa territorial o que exista una conexión con el ataque previo a la patrulla de UMOPAR
