El Gobierno de Nicaragua ha decidido reinstaurar el requisito de visa para ciudadanos provenientes de un amplio grupo de 128 países, una medida que marca un cambio significativo en la política migratoria del país centroamericano. Esta decisión, firmada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, y el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas, implica que quienes deseen ingresar a Nicaragua desde estas naciones deberán obtener una visa consultada de categoría C antes de su llegada. Entre los países afectados se encuentran Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití, así como diversas naciones africanas y asiáticas.
Esta medida se produce en un contexto marcado por la creciente presión internacional, especialmente proveniente del Gobierno estadounidense durante la administración de Donald Trump, que había expresado preocupación por la política migratoria nicaragüense. Estados Unidos había calificado como “preocupante” la práctica anterior del Ejecutivo nicaragüense, que permitía el ingreso sin mayores restricciones a ciudadanos de diversos países mediante vuelos chárter que aterrizaban en Managua. Estos vuelos facilitaban el tránsito irregular hacia Estados Unidos a través de rutas terrestres que cruzaban México. El flujo migratorio irregular era especialmente notorio entre personas procedentes de África, Asia y Europa.
En los últimos años, Nicaragua había implementado acuerdos que permitían la exención de visa con algunos países como Cuba y varias naciones africanas. Sin embargo, el aumento en la migración irregular y las presiones diplomáticas han llevado al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo a revertir esta política. La reinstauración del requisito visa busca controlar con mayor rigor el ingreso al país y limitar las facilidades para quienes pretenden usar Nicaragua como punto de tránsito hacia Estados Unidos.
La disposición oficial ordena además que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe sobre esta nueva normativa a todas las representaciones consulares acreditadas o concurrentes en Managua. La medida también establece excepciones para poseedores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio y otros tipos especiales con los cuales Nicaragua mantiene acuerdos bilaterales vigentes que eximen del trámite.
La lista específica de países afectados incluye una gran diversidad geográfica y política. Además de Cuba y Venezuela —dos países con estrechos vínculos políticos con Nicaragua— se encuentran naciones con situaciones complejas o conflictivas como Corea del Norte, Iraq o Libia. Asimismo, China, Irán y Siria están incluidos en la lista pero únicamente para portadores de pasaportes ordinarios. Esto refleja una diferenciación en la política migratoria según el tipo documental presentado por los viajeros.
Cabe destacar que algunos países tienen condiciones particulares; por ejemplo Colombia está incluida pero respetando acuerdos parciales relacionados con comunidades específicas tanto colombianas como nicaragüenses que habitan regiones limítrofes o insulares. Otros países latinoamericanos como México o Perú también están sujetos a esta normativa cuando se trate de pasaportes ordinarios.
El restablecimiento del requisito visa representa un cambio sustancial para ciudadanos provenientes principalmente de África, Asia y América Latina que hasta ahora podían ingresar con relativa facilidad a Nicaragua. Esta medida tiene implicaciones directas para quienes buscan rutas migratorias alternativas hacia Estados Unidos utilizando Managua como punto estratégico. Al endurecer las condiciones para entrar al país centroamericano, Nicaragua pretende responder a las presiones internacionales y controlar mejor sus fronteras ante flujos migratorios irregulares.
En suma, esta decisión refleja una adaptación del Gobierno nicaragüense frente a un escenario internacional complejo donde la migración irregular es un tema prioritario para varios gobiernos regionales e internacionales. La aplicación estricta del requisito visa busca reforzar los mecanismos migratorios nacionales y reducir la vulnerabilidad ante posibles abusos o usos indebidos del territorio nacional como vía hacia otros destinos. Esta medida tendrá un impacto inmediato en miles de personas originarias principalmente de países en vías de desarrollo o con situaciones socioeconómicas complicadas que pretendan ingresar o transitar por Nicaragua.
Por último, es importante señalar que esta nueva regulación también evidencia los estrechos vínculos entre políticas migratorias nacionales e intereses geopolíticos globales donde las presiones externas pueden influir decisivamente sobre decisiones soberanas relacionadas con movilidad internacional y control fronterizo. En este sentido, Nicaragua ajusta su política interna para responder a exigencias externas sin perder su capacidad regulatoria sobre quién puede ingresar al país y bajo qué condiciones
