La economía boliviana se enfrenta a una coyuntura crítica marcada por la escasez de divisas, un factor que incide directamente en la capacidad de importación de combustibles. Esta situación representa un desafío primordial para las futuras autoridades del país, quienes deberán abordar con urgencia la problemática de la disponibilidad de dólares.
Analistas económicos subrayan la imperiosa necesidad de que la próxima gestión gubernamental preserve la política de subvención a los carburantes, al menos durante un período inicial. La eliminación de este soporte, incluso con incrementos marginales en el precio por litro, podría exacerbar significativamente la presión inflacionaria que ya experimenta la nación. Se advierte que una modificación tarifaria, por mínima que sea, desencadenaría una escalada de precios en la canasta básica y otros bienes, lo que a su vez provocaría un aumento generalizado de la inflación y, consecuentemente, una potencial inestabilidad social.
La prioridad inmediata, por tanto, radica en asegurar la provisión ininterrumpida de combustibles y mantener su precio subvencionado. Cualquier ajuste a esta política debería posponerse hasta que la economía muestre signos de mayor estabilidad y certidumbre. Se estima que esta medida de contención debería extenderse por un lapso de entre seis meses a un año.
Si bien la subvención representa un porcentaje manejable del presupuesto nacional (estimado entre el 3% y 4%) al ser costeada en moneda local, el verdadero problema estructural reside en la dependencia de importaciones y la consiguiente demanda de dólares, de los cuales existe una marcada insuficiencia. El país no produce el volumen de combustible que su economía demanda, lo que obliga a recurrir a las importaciones.
El panorama económico que aguarda a la nueva administración es complejo, descrito como un dragón de tres cabezas que exige combatir simultáneamente la falta de dólares, la inflación persistente y el desabastecimiento de carburantes. A pesar de las propuestas de ajuste económico planteadas por los candidatos presidenciales, se considera imprudente levantar la subvención en el actual entorno inflacionario, donde la presión sobre los precios persiste.
Respecto al financiamiento de la subvención en moneda nacional, se señala que la preocupación principal no debe recaer en ella, sino en el volumen de emisión inorgánica. A julio de 2025, se registró una emisión superior a los 95 mil millones de bolivianos, superando los 80 mil millones emitidos en todo el año 2024. Este flujo de moneda nacional coexiste con la crítica escasez de dólares, lo que agrava la sobredemanda de la divisa extranjera para cubrir las importaciones esenciales de combustible
