La próxima conformación legislativa ha logrado un consenso significativo para impulsar un proceso de elección judicial destinado a completar las vacantes en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta iniciativa surge en un contexto de profunda crisis institucional, donde también se contempla la alternativa de una reforma integral del sistema judicial.
Voces destacadas dentro del ámbito legislativo han señalado la existencia de múltiples vías para abordar la situación, incluso mencionando la posibilidad de recurrir a la fuerza pública como una medida extrema. No obstante, se subraya que cualquier decisión definitiva se tomará mediante una coordinación estratégica entre las diferentes bancadas y la presidencia, con el objetivo primordial de restaurar el estado de derecho en el país.
El panorama judicial se ha visto aún más complejizado por una acción legal presentada en el Tribunal de Justicia del Beni. Esta demanda busca la destitución de todos los magistrados cuyos mandatos han sido autoextendidos, así como de aquellos que fueron electos, abarcando así a la totalidad de los altos cargos del Órgano Judicial. Dicha acción popular se encuentra actualmente en curso, a la espera de una nueva fecha para su audiencia.
Previamente, el 6 de octubre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitó la renuncia de los cinco magistrados del TCP que extendieron sus propios mandatos. Esta petición fue seguida por acciones concretas, materializadas en una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. En respuesta, la Fiscalía remitió el caso a la Asamblea Legislativa para el inicio de un juicio de responsabilidades contra Gonzalo Hurtado Zamorano, René Espada Navia, Julia Cornejo Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Karem Gallardo Sejas.
Sin embargo, esta medida generó una inmediata controversia y críticas por parte de diversos sectores. Legisladores argumentaron que, tras diciembre de 2023, la permanencia en funciones de los magistrados autoextendidos carece de legalidad, por lo que no deberían ser objeto de un juicio de privilegio, sino de un proceso judicial ordinario. Esta objeción se manifestó el 8 de octubre, y posteriormente, el 22 del mismo mes, se presentó la mencionada acción popular en Beni, dirigida contra las máximas autoridades del Órgano Judicial.
Conforme a la normativa constitucional, la nueva Asamblea tiene la responsabilidad de preseleccionar a cinco magistrados para el TCP y a dos para el TSJ. Posteriormente, el tribunal electoral deberá organizar nuevas elecciones judiciales, de las cuales surgirán los reemplazos para los magistrados autoextendidos. Este proceso implicará una nueva erogación económica para el país
