Sectores cívicos, plataformas ciudadanas e incluso la oposición exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se haga un nuevo padrón electoral antes de las elecciones de 2025. Esto podría significar un costo de unos USD 70 millones, a parte de la voluntad política por los actores del Ejecutivo, Legislativo y partidos políticos. Desde el MAS plantean trabajar en una profunda depuración para garantizar la transparencia. En tanto, el Comité de Integración Nacional – Plataformas Ciudadanas 21F determinó exigirlo para así lograr una elección transparente y que los ciudadanos tengan confianza para elegir a sus autoridades. Los cívicos, junto al diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga alaban la iniciativa de la “Ley Ñuflo de Chaves” para un nuevo padrón biométrico. Resaltan lo necesario que es actualizar el registro de votantes para evitar cualquier tipo de susceptibilidad antes de las elecciones y evitar un posible fraude electoral. Por el otro lado, el diputado Renán Cabezas del grupo ‘evista’ del MAS sugiere una depuración o limpieza de los datos antes de las votaciones.
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