Una ocupación ilegal por parte de un grupo armado ha tenido lugar en un predio conocido como Santa Rita, ubicado en la provincia de Guarayos.
En relación con este incidente, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, proporcionó detalles sobre la situación legal del terreno afectado. El ministro indicó que una porción de la propiedad en cuestión está catalogada como área forestal y se encuentra actualmente en una fase de regularización dominial. Subrayó que, debido a que el proceso de saneamiento aún no ha concluido, la propiedad no está disponible para ser ocupada por ningún sector, y cualquier ingreso no autorizado constituye una acción ilegal.
Flores señaló que lo ocurrido en el lugar es un delito y recordó que las autoridades gubernamentales han intervenido en situaciones similares en al menos dos ocasiones previas en este mismo sitio.
Informó que, como resultado de los eventos recientes, existen dos órdenes de detención emitidas, cuya ejecución se espera. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ha entregado toda la documentación técnica y legal pertinente a las instancias competentes para que procedan con el desalojo de los ocupantes y la aprehensión de los implicados.
El ministro enfatizó que la responsabilidad operativa recae en el Ministerio de Gobierno, la Policía Nacional y el Ministerio Público. Instó a estas entidades a tomar las medidas necesarias para detener a las personas armadas que están cometiendo este tipo de actos delictivos, destacando que esta es la tercera o cuarta vez que se presenta una situación similar en el predio.
Consultado sobre si los responsables son las mismas personas que intentaron ocupar la tierra anteriormente, Flores manifestó no contar con esa información específica. No obstante, reiteró que su cartera ha cumplido con proporcionar los datos agrarios y legales que sustentan la clasificación de estas acciones como un delito.
El ministro reafirmó que el predio afectado cuenta con un propietario debidamente identificado y que su uso está designado como tierra de vocación forestal. El caso continúa bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales y policiales, quienes tienen la tarea de hacer cumplir las órdenes de aprehensión y restablecer el orden legal en la propiedad
