El escenario político en Bolivia se ha visto marcado por una polémica que involucra directamente a dos candidaturas de peso, la alianza Patria y el partido Convergencia Democrática (CDC). En medio de esta tensión, Adrián Oliva, candidato de Patria y ex gobernador de Tarija, rompió el silencio para responder a las acusaciones que lo señalan como responsable de la inhabilitación del candidato y exprefecto Mario Cossío. Esta situación no solo ha generado un enfrentamiento entre los frentes políticos, sino que también ha puesto en el centro del debate la interpretación y aplicación de normativas electorales vinculadas a la condición migratoria y de refugio de los aspirantes.
Oliva manifestó su molestia ante lo que calificó como ataques infundados y anónimos que buscan responsabilizarlo por una decisión que no depende de su agrupación política. Insistió en que la inhabilitación corresponde a una resolución tomada por un órgano electoral independiente, recientemente renovado, lo que implica que la determinación se encuentra fuera del ámbito de influencia directa de los candidatos o sus equipos. Este señalamiento busca despejar cualquier sospecha sobre maniobras políticas para afectar la candidatura de Cossío y pone en evidencia las tensiones internas entre los partidos frente a procesos electorales cada vez más disputados.
Para fundamentar su postura, Oliva explicó con detalle las causas técnicas detrás de la inhabilitación. El punto central radica en una aparente contradicción en las declaraciones juradas presentadas por Mario Cossío respecto a su residencia y condición migratoria. Según expuso Oliva, Cossío declaró residir durante los últimos dos años en Tarija; sin embargo, los registros migratorios oficiales no confirmarían esta permanencia. Además, en 2020 habría informado haber dejado el estatus de refugiado para habilitarse como candidato, mientras que para 2026 señala continuar siendo refugiado en Paraguay. Esta última condición lo eximiría automáticamente del requisito de residencia para postularse, pero al mismo tiempo genera dudas sobre la consistencia de su documentación y cumplimiento normativo.
El argumento planteado por Oliva refleja un contexto donde las normas electorales han sido históricamente poco estrictas o inconsistentes en su aplicación, especialmente respecto a casos complejos como el refugio político o migratorio. Al señalar que “venimos de un tiempo donde no se cumplía la norma, y la norma hay que cumplirla”, el candidato destaca la importancia de respetar los procedimientos legales vigentes para garantizar transparencia y legitimidad en las elecciones. Esto implica un cambio significativo en la manera en que se fiscalizan las candidaturas y puede sentar precedentes para futuros procesos electorales.
En contraparte, el equipo jurídico del partido CDC sostiene una interpretación diferente sobre el caso Cossío. Según ellos, las situaciones presentadas son compatibles debido a la naturaleza particular del estatus de refugiado. Esta posición apunta a defender la candidatura alegando que no existe incompatibilidad real entre residir temporalmente fuera del país bajo protección internacional y cumplir con los requisitos electorales nacionales, especialmente cuando se trata de personas con historias políticas complejas y circunstancias excepcionales.
Cabe destacar que Mario Cossío retornó al país en 2019 y desde entonces ha intentado mantenerse activo políticamente, incluso postulando al Senado. Su primera inhabilitación ocurrió precisamente por cuestiones vinculadas a su condición de refugiado; sin embargo, ese precedente generó jurisprudencia contraria que posteriormente fue utilizada para justificar su participación política activa. Además, ha participado en negociaciones políticas públicas y ha ejercido plenamente su derecho al voto desde entonces.
No obstante, un elemento clave es la posición del Consejo Nacional para Refugiados (CONARE) paraguayo, organismo que mantiene vigente la condición de refugiado otorgada a Cossío. Este dato introduce una complejidad adicional al caso porque implica un reconocimiento internacional o bilateral que puede influir en cómo se interpretan sus derechos políticos dentro del territorio nacional boliviano.
En definitiva, esta controversia pone sobre la mesa no solo una disputa política entre candidatos sino también una discusión más amplia sobre cómo se aplican las normas electorales frente a situaciones particulares como el refugio político. La claridad y rigor con los cuales se aborden estos casos tendrán implicancias directas en la confianza ciudadana hacia los procesos democráticos y afectarán el equilibrio competitivo entre fuerzas políticas con agendas diversas. Para la población boliviana es fundamental contar con mecanismos transparentes y justos que aseguren igualdad frente a las reglas electorales sin importar antecedentes personales o circunstancias especiales
