Un proceso legal laboral iniciado por exempleados de la extinta empresa Saabsa ha escalado hasta generar controversia en la esfera gubernamental. La disputa, centrada en una demanda por equiparación salarial, ha derivado en una orden judicial de aprehensión contra el Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, emitida por un juzgado en Yapacaní, departamento de Santa Cruz.
El Ministro Montaño ha reaccionado vehementemente ante esta medida, calificando de parcializada la actuación del juez a cargo del caso. En declaraciones públicas, expresó su firme intención de agotar todas las instancias legales para, en sus palabras, hacer respetar los derechos de todos los bolivianos. Argumentó que los fondos económicos en cuestión no son de su disposición personal, sino que pertenecen al erario público, sugiriendo así una implicación de recursos estatales en el litigio.
Montaño cuestionó la pertinencia de la demanda interpuesta por los ex trabajadores de Saabsa, argumentando que la reclamación de equiparación salarial surge quince años después de la finalización de la relación laboral. Puso en tela de juicio la lógica de que, tras un periodo tan extenso y con esquemas salariales diferenciados en su momento, se pretenda ahora uniformizar los ingresos a un monto de 14 mil bolivianos para todos los demandantes.
El Ministro anunció la presentación de los recursos legales correspondientes, denunciando lo que considera una vulneración de los derechos colectivos de la ciudadanía boliviana por parte del juez de Yapacaní. Enfatizó que no cederá ante la presión judicial que implica la orden de aprehensión, especialmente si esto significa comprometer fondos públicos. Aseveró que los contratos laborales originales, firmados en su momento por los exempleados, contemplaban salarios variables que oscilaban entre 10 mil y 14 mil bolivianos, con el consentimiento de las partes involucradas.
Reiteró su desacuerdo con la pretensión actual de los ex trabajadores de percibir todos y cada uno la suma de 14 mil bolivianos, calificándola de inédita y carente de precedentes a nivel internacional. Insistió en que la justicia, en este caso particular, ha incurrido en un error, recordando nuevamente que los recursos económicos en litigio no son de su patrimonio personal, sino que provienen de las arcas del Estado.
Montaño reafirmó su compromiso de defender los intereses de la ciudadanía boliviana mientras permanezca en el cargo ministerial. Informó que el monto total demandado por los ex trabajadores asciende a más de 55 millones de bolivianos, cifra que calificó de considerable.
Ante la interrogante sobre la falta de una aclaración previa por parte del Ministerio en el proceso legal, antes de la emisión de la orden de aprehensión, el Ministro respondió señalando una supuesta actuación dolosa por parte del juez. Según Montaño, el juez inicialmente habría manifestado que el Ministerio no era parte demandada en el litigio. Sin embargo, posteriormente, se emitió la orden de aprehensión en su contra, lo cual considera contradictorio e incongruente, dado que la empresa Saabsa contaba con una estructura directiva propia, incluyendo un gerente general, un director y un vicepresidente.
En este contexto, el Ministro calificó la orden de aprehensión dirigida a su persona como un hecho inédito e ilógico. Admitió que no descarta emprender acciones legales contra el juez, argumentando la inconsistencia entre la declaración inicial de no ser parte demandada y la posterior emisión de la orden de detención
