La principal organización criminal de Brasil ha establecido una notable presencia en territorio boliviano, con al menos 146 individuos identificados como parte de su estructura, distribuidos entre centros penitenciarios y la sociedad civil. Esta cifra posiciona a Bolivia como el cuarto país con mayor número de miembros de esta facción fuera de las fronteras brasileñas, solo superado por Paraguay, Venezuela y Uruguay.
La expansión de esta red delictiva trasciende las fronteras sudamericanas, extendiéndose a un mínimo de 28 naciones en América, Europa, Asia y África. Su modus operandi se caracteriza por una rigurosa disciplina interna en los entornos carcelarios, combinada con un esquema flexible y descentralizado en los territorios donde busca ampliar sus operaciones de narcotráfico y blanqueo de capitales.
En el contexto boliviano, la mayoría de los integrantes de esta facción, un total de 75, se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios. Sin embargo, 71 miembros operan en libertad, lo que sugiere una doble estrategia de crecimiento: por un lado, la consolidación de su influencia dentro de las prisiones, donde la organización tuvo sus orígenes y se fortaleció; y por otro, el avance hacia estructuras delictivas que operan fuera de los muros, abarcando la logística, el transporte y la distribución de estupefacientes.
Especialistas en crimen organizado han señalado que la estrategia de esta organización no se enfoca necesariamente en imponer control territorial mediante la violencia directa. En su lugar, busca infiltrar redes ya existentes y forjar alianzas con grupos locales o clanes familiares, especialmente en países con afinidad cultural y proximidad geográfica como Bolivia. Se ha destacado la excepcional capacidad de esta facción para consolidar su dominio dentro de los sistemas penitenciarios, y se observa que el territorio boliviano, junto con otras naciones vecinas, constituye una zona de interés prioritario para su expansión.
El entorno penitenciario boliviano representa una vulnerabilidad estructural que esta organización puede explotar para replicar su modelo de reclutamiento, sometimiento y expansión, un patrón ya observado en otras prisiones de la región, donde la presencia del grupo ha derivado en motines violentos y asesinatos. La presencia de sus miembros en libertad también genera inquietud, ya que podrían estar coordinando cadenas logísticas, el envío de cargamentos ilícitos y el lavado de activos a través de redes de apoyo con alcance regional e internacional, en colaboración con otros actores del crimen transnacional.
Estos hallazgos coinciden con estudios recientes sobre las dinámicas del narcotráfico global, que indican la participación de clanes familiares bolivianos en el negocio de estupefacientes a pequeña escala. Estos grupos se integran en estructuras más horizontales y descentralizadas. Aunque no ejercen un control territorial directo, forman parte integral de la cadena global del tráfico de cocaína, cooperando en tareas específicas como el transporte, el almacenamiento o el lavado de dinero. Este modelo operativo, fragmentado pero altamente adaptable, permite que redes criminales se vinculen con estructuras locales en países como Bolivia sin generar alertas inmediatas, lo que dificulta la acción estatal.
La información disponible subraya la imperiosa necesidad de que el Estado boliviano intensifique el monitoreo de sus cárceles, los flujos fronterizos y las redes financieras opacas, con especial atención en zonas sensibles como el Chapare, Santa Cruz y la frontera con Brasil
