La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo enfrenta nuevamente cuestionamientos debido a denuncias sobre su gestión financiera y administrativa. Diversos sectores sociales y económicos han solicitado una auditoría exhaustiva y una intervención técnica, después de que el Ministerio de Economía admitiera irregularidades en el manejo de la institución, la cual en ocasiones anteriores fue señalada como una “caja chica” del Estado.
Encargada de administrar los fondos de jubilación desde hace más de dos años, esta entidad ha sido objeto de críticas desde antes de su puesta en marcha total. Los señalamientos se centran en el bajo rendimiento de las inversiones, la opacidad en la información referente al uso de los aportes y la insuficiente supervisión sobre las decisiones tomadas por la alta gerencia.
El sector de jubilados ha sido uno de los más activos en exigir transparencia. La Confederación Nacional de Jubilados ha solicitado una intervención inmediata y auditorías externas que permitan esclarecer la situación real de los fondos de pensiones. Su representante ha pedido que se publiquen los contratos relacionados con las inversiones hechas con los aportes de los trabajadores, denunciando un presunto manejo indebido de los recursos y anunciando acciones legales contra exfuncionarios del Ministerio de Economía y de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros.
Por su parte, desde la región de Tarija también se han pronunciado sobre la necesidad de una auditoría rigurosa. Un exdirigente cívico destacó que estas inquietudes no son nuevas, ya que existen dudas desde la época en que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) gestionaban los recursos. Además, recordó que durante la administración del Movimiento al Socialismo se mencionaron préstamos obtenidos de los fondos de pensiones para financiar bonos sociales, pero hasta ahora no se ha aclarado el monto ni las condiciones de dichos créditos. Ante esta situación, se ha solicitado la intervención inmediata del Gobierno y medidas para evitar la salida del país de exautoridades involucradas mientras se investigan las denuncias.
En respuesta, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, durante la designación del nuevo gerente de la Gestora, enfatizó la importancia de proteger los aportes de los trabajadores, calificándolos como “sagrados” y subrayando la necesidad de una administración independiente, responsable y con visión a largo plazo. Asimismo, destacó la misión de la nueva gerencia de eliminar cualquier uso indebido de los fondos y fortalecer el sistema financiero para que los aportes generen un rendimiento sostenible, impulsando el crédito al sector privado y promoviendo actividades productivas.
Finalmente, la situación de la Gestora se ha convertido en una prioridad para la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional. Un diputado de la alianza Libre señaló que, debido a las serias denuncias sobre la gestión y transparencia de los recursos, se buscará no solo una intervención, sino también la creación de un marco normativo que modifique la Ley de Pensiones. Este marco buscará proteger los aportes de los trabajadores y garantizar una fiscalización permanente para evitar futuros problemas en la administración de estos fondos
