Representantes del Pacto de Unidad, afín al oficialismo, han manifestado que las convocatorias a movilizaciones por parte de sectores ligados a Evo Morales tienen como propósito fundamental impedir la realización de las próximas elecciones generales. Según estas declaraciones, la recurrencia de amenazas de desestabilización no sorprende cuando se observa un patrón de irrespeto a la Constitución Política del Estado. Se afirma que una facción radical busca activamente frustrar el proceso electoral.
A pesar de estas advertencias, se aseguró que los comicios generales están garantizados, fundamentándose en el respeto a la Carta Magna y a los principios democráticos. Se hizo un llamado a la ciudadanía a la reflexión, con el fin de establecer un precedente contra cualquier intento de grupos organizados o con intenciones golpistas de socavar el orden constitucional. Se contrastó esta situación con la necesidad de reactivación económica del país, impulsada por las políticas gubernamentales orientadas a la estabilidad. En este contexto, se instó a la población a no adherirse a las convocatorias que buscan generar inestabilidad.
Mientras tanto, sectores identificados con Evo Morales han anunciado el inicio de una movilización significativa con destino a la ciudad de La Paz, prevista para comenzar el 26 de mayo. Voces dentro de este movimiento han condicionado el cese de las protestas a la renuncia del presidente Luis Arce, así como a la remoción de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y de los magistrados cuya gestión ha sido extendida. Desde la perspectiva del vocero oficialista, la intención detrás de estas acciones es perpetuar un modelo que calificó como dictadura sindical, el cual, según sus afirmaciones, se intentó imponer durante más de catorce años. Se criticó la dinámica de solicitar renuncias gubernamentales de forma recurrente y desconocer la legitimidad de órganos del Estado considerados representativos, como el Órgano Electoral Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
En una línea similar, el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuestionó las motivaciones detrás de ciertas demandas, señalando que responden a intereses y cálculos estrictamente políticos orientados a forzar una candidatura. Contrastó estos intereses con el sentir ciudadano, que, según él, prioriza la realización de elecciones y la conclusión del periodo democrático institucional. El ministro advirtió sobre la existencia de actores políticos que, a su juicio, buscan desestabilizar el país y perjudicar la economía, rememorando los efectos de los bloqueos experimentados en gestiones anteriores. Expresó su duda sobre si la ciudadanía respaldaría una estrategia similar en el presente contexto.
Cabe recordar que las próximas elecciones generales están programadas para el 17 de agosto. El plazo para la inscripción de candidaturas finalizó el 19 de mayo. Evo Morales no formalizó su postulación, situación atribuida a la falta de un partido político legalmente habilitado y a la existencia de sentencias constitucionales que restringen su posibilidad de postularse nuevamente, a pesar de sus afirmaciones sobre un registro virtual.
Diversos analistas políticos han evaluado la capacidad actual de movilización de los sectores afines a Evo Morales. Coinciden en que, si bien mantiene una base de seguidores leales y la capacidad de convocar, su fuerza para generar movilizaciones masivas y sostenidas es significativamente menor que en el pasado. Se argumenta que factores como la disponibilidad de recursos (anteriormente vinculados al Estado) y la situación económica general limitan la posibilidad de bloqueos prolongados. Algunos expertos señalan que los seguidores, aunque dispuestos al sacrificio, no constituyen una masa crítica suficiente para mantener la presión a gran escala y tienden a desmovilizarse más rápidamente. Se identifica el Chapare como un foco potencial de mayor intensidad, aunque también se percibe un desgaste en la figura de Morales tras las movilizaciones recientes.
Ante la convocatoria a movilizaciones, las autoridades de La Paz han implementado medidas preventivas. La Alcaldía ha dispuesto el cierre temporal de la Plaza Abaroa, situada frente a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, la Policía ha informado sobre el refuerzo de los controles en los accesos a la ciudad y el incremento del resguardo en instituciones públicas clave, incluyendo el organismo electoral
