La administración municipal de Padcaya, bajo la dirección del alcalde William Guerrero, se encuentra inmersa en un escenario de complejos desafíos financieros y una constante fricción con el Concejo Municipal. La gestión actual ha señalado que una parte considerable de los proyectos en curso son legados de administraciones anteriores, los cuales, según su perspectiva, fueron comprometidos sin la debida previsión. A pesar de esto, el equipo de Guerrero se ha dedicado a asegurar la continuidad de estas obras para evitar su paralización. Sin embargo, la insuficiencia de las transferencias departamentales y la reiterada negativa del Concejo a aprobar financiamientos cruciales están impidiendo el avance de diversas iniciativas, generando malestar entre la ciudadanía.
El ejecutivo municipal ha informado que, si bien se reciben fondos del gobierno departamental, estos no cubren las necesidades operativas ni las deudas acumuladas por proyectos que actualmente se encuentran estancados. Esta situación ha obligado a la administración a buscar alternativas.
En este contexto, el apoyo del Gobierno Nacional ha resultado fundamental. A través de entidades como la UPRE y el Fondo Indígena, se ha canalizado una inversión superior a los 120 millones de bolivianos hacia la economía provincial. El alcalde ha reconocido que sin estos recursos adicionales, la municipalidad no habría podido afrontar la situación con sus propios ingresos, derivados del IDH y la coparticipación tributaria.
No obstante, la gestión ha enfrentado una persistente oposición por parte del Concejo Municipal. Recientemente, el Concejo rechazó un proyecto de ley destinado a obtener un financiamiento FOOSIP de 2.400.000 bolivianos, proveniente del Gobierno Nacional, cuyo propósito era cubrir las contrapartes locales necesarias para proyectos que beneficiarían a más de catorce comunidades. La administración municipal ha asegurado haber cumplido con todos los requisitos técnicos y jurídicos para este financiamiento. Se trata de la segunda ocasión en que el Concejo impide la concreción de recursos externos, a pesar de que los fondos solicitados estaban destinados a cubrir déficits de contraparte que la alcaldía no posee. Los términos de este financiamiento eran particularmente favorables, incluyendo un plazo de doce años, dos de gracia y un interés anual del 2%, todo dentro de la capacidad de endeudamiento del municipio. La imposibilidad de acceder a estos fondos ha afectado directamente a proyectos como la construcción de diez tinglados para unidades educativas, dos puentes y la ampliación de la frontera agrícola mediante la adquisición de maquinaria, lo que ha provocado la manifestación de descontento por parte de la población y los distritos afectados.
Ante la compleja situación económica y el bloqueo legislativo, el alcalde ha emitido un decreto edil para implementar un reajuste económico general. Adicionalmente, presentó al Concejo Municipal una propuesta de ley para reducir en un 50% los salarios del alcalde y de los propios concejales. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el Concejo, que, en su lugar, solicitó una reducción salarial para todo el personal de la alcaldía.
El alcalde ha expresado su firme oposición a esta última medida, argumentando que no es viable disminuir el salario de empleados con ingresos básicos, como el personal de limpieza, cuyo sueldo de 2.500 bolivianos se vería reducido drásticamente. Ha prometido proteger los salarios de sus funcionarios, insistiendo en que la reducción debe aplicarse a las autoridades electas. Ha destacado que una reducción del 50% en los salarios de las autoridades generaría un ahorro mensual de aproximadamente 40.000 bolivianos, recursos que podrían ser de gran utilidad para el desarrollo de la provincia
