El caso de un pastor evangélico acusado de abuso sexual contra dos niñas que formaban parte de su entorno familiar ha conmocionado a la comunidad y se encuentra en pleno proceso judicial. Las víctimas, dos hermanas que ahora son adultas jóvenes, denunciaron que los abusos ocurrieron cuando tenían entre cinco y ocho años, en un contexto donde la confianza depositada en el líder religioso fue utilizada para perpetrar actos atroces. Este caso no solo implica delitos sexuales, sino que también pone en evidencia el abuso de poder y la manipulación emocional ejercida por el pastor hacia las víctimas.
Las jóvenes crecieron dentro del círculo familiar del pastor, quien estaba casado con una tía de ellas, lo que dificultó aún más la posibilidad de denunciar los abusos en su momento. Las amenazas directas del pastor, quien les advirtió que si hablaban mataría a sus padres, generaron un silencio prolongado y un sufrimiento oculto durante años. Fue recién en 2023 cuando la hermana mayor decidió romper ese silencio y compartir lo ocurrido con su padre, desencadenando una cadena de revelaciones que llevó a la denuncia formal ante las autoridades. La confesión de la hija mayor llevó a la menor a revelar también haber sido víctima del mismo agresor, confirmando así el patrón de violencia sexual dentro del entorno familiar.
El padre de las víctimas ha asumido un papel activo y decidido en la búsqueda de justicia para sus hijas. Su relato revela la complejidad emocional y social que implica enfrentar a alguien tan cercano y respetado dentro de la comunidad. A pesar del dolor y la soledad que siente, continúa luchando para proteger el honor y los derechos de sus hijas. En su intento por confrontar al pastor, incluso grabó un audio donde el acusado reconoció los hechos ocurridos hace aproximadamente quince años. Este material junto con otras pruebas fueron presentados ante la Fiscalía; sin embargo, el proceso ha estado marcado por obstáculos y frustraciones para las víctimas y su familia.
Una situación particularmente preocupante es que a pesar de las evidencias contundentes como declaraciones realizadas bajo protocolo en cámara Gesell y evaluaciones psicológicas que confirmaron el abuso sexual con acceso carnal, el pastor continúa libre y en contacto con niños. La Fiscalía imputó formalmente al religioso por violación agravada a menores en abril de 2024 y solicitó su detención preventiva, pero el juez encargado decidió otorgarle libertad bajo ciertas consideraciones personales expuestas por el imputado durante la audiencia cautelar. Esta decisión judicial ha generado indignación en el núcleo familiar afectado, especialmente porque se desestimaron testimonios clave e incluso se negó la palabra al padre cuando intentó refutar las afirmaciones del acusado sobre su situación familiar.
La vulnerabilidad de las víctimas se ha visto agravada por incidentes posteriores a la denuncia formal. La hija mayor fue víctima de un asalto violento al salir de clases, hecho que fue denunciado pero rechazado por las autoridades policiales y fiscales. Se sospecha que esta agresión está vinculada a actos de intimidación llevados a cabo por seguidores del pastor acusado, lo cual refleja una posible red de protección o complicidad alrededor del imputado. Esta situación no solo pone en riesgo físico a las víctimas sino también genera una sensación generalizada de discriminación e indefensión frente al sistema judicial.
El historial del pastor incluye además denuncias anteriores relacionadas con abuso sexual hacia menores mientras ejercía como profesor de inglés en un colegio local. En esa ocasión fue retenido tras ser descubierto abusando de una niña de seis años, pero posteriormente fue liberado sin consecuencias legales significativas. Este antecedente revela patrones reiterados y fallas institucionales previas para proteger a los niños frente a este agresor.
Por otra parte, el juicio oral contra el pastor ya comenzó desde marzo pero fue suspendido hasta mediados del mes corriente ante un juez diferente al inicialmente asignado. Mientras tanto, surgen voces dentro del ámbito evangélico donde otros casos similares han salido a luz recientemente, como el encarcelamiento hace dos meses de otro líder religioso acusado también por violación agravada o disputas legales entre pastores previamente amigos implicados en abusos sexuales hacia menores dentro sus congregaciones.
La hija mayor ha expresado solidaridad con otras víctimas conocidas públicamente como Vanesa, quien sufrió abuso sexual por parte de otro pastor extranjero cuando era adolescente. Esta empatía refleja un sentimiento común entre sobrevivientes: la lucha constante contra la impunidad y el silencio impuesto durante años tanto por factores familiares como sociales.
En definitiva, este caso representa uno más dentro del preocupante fenómeno donde figuras religiosas aprovechan su posición para cometer delitos sexuales contra menores bajo un manto de autoridad moral y confianza comunitaria. La persistencia del padre y sus hijas buscando justicia pone en evidencia tanto las dificultades existentes para sancionar estos crímenes como la urgente necesidad de fortalecer mecanismos efectivos para proteger a los niños frente al abuso dentro de entornos supuestamente seguros como iglesias o instituciones educativas vinculadas a líderes religiosos. La resolución judicial no solo tiene consecuencias legales directas para el acusado sino también un impacto social profundo sobre las familias afectadas y toda la comunidad implicada
