Con el inicio próximo del ciclo escolar 2026, estudiantes de diversas regiones se preparan para regresar a las aulas, lo que ha generado una notable afluencia en mercados y librerías en busca de útiles escolares. En este contexto, el Ministerio de Educación ha establecido un conjunto de regulaciones que regirán en las instituciones educativas públicas, privadas y de convenio durante esta gestión, con el fin de garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo académico.
Entre las principales disposiciones se encuentra la prohibición del uso de teléfonos celulares dentro de las aulas, aplicable tanto a estudiantes como a docentes, con el objetivo de minimizar distracciones durante las clases. Asimismo, se limita la realización de actos de graduación únicamente a estudiantes del nivel secundario, excluyendo a los niveles iniciales de esta celebración.
El calendario oficial indica que las inscripciones comenzarán el 19 de enero, mientras que las clases iniciarán el 2 de febrero, con un compromiso firme de cumplir al menos 200 días hábiles de enseñanza durante el año. En cuanto a los costos educativos, las pensiones quedarán congeladas desde el inicio del año hasta abril, momento en el que se evaluará un posible ajuste, prohibiéndose cualquier incremento previo a esta fecha.
En materia de inclusión, la normativa prohíbe la exclusión de estudiantes por motivos relacionados con discapacidad, dificultades de aprendizaje, talentos excepcionales o trastornos del espectro autista, asegurando su derecho a la educación durante todo el proceso académico. Además, el uso del uniforme escolar no será obligatorio, y no se podrá restringir el acceso a clases a quienes opten por no usarlo. También queda prohibida la exigencia de adquirir uniformes o materiales escolares en establecimientos específicos o exclusivos.
La regulación contempla la prohibición de viajes de promoción y establece que en las instalaciones educativas y sus alrededores está prohibido el consumo de tabaco, alcohol y sustancias estupefacientes, con la responsabilidad de supervisar esta norma asignada a los directores de cada unidad educativa.
Se refuerza la prohibición de cualquier forma de violencia, maltrato o abuso dentro de las instituciones. En el caso de las escuelas privadas, no se permitirá suspender, expulsar o excluir a estudiantes de clases, evaluaciones o actividades curriculares debido a retrasos en el pago de pensiones por parte de sus familias o tutores.
Finalmente, las direcciones departamentales y distritales no podrán imponer actividades extracurriculares obligatorias a las unidades educativas, respetando así la autonomía de cada institución en la planificación de sus programas. Estas medidas buscan promover un entorno educativo inclusivo, respetuoso y enfocado en el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes
