El Colectivo Plurales Bolivia ha lanzado una iniciativa denominada “Consulta Popular Nacional por la Vida”, con el objetivo de poner de relieve la crisis ambiental que atraviesa el país y fomentar la participación ciudadana en la exigencia de cambios legislativos. Esta consulta se llevará a cabo del 7 al 13 de octubre, durante la cual se recolectarán firmas en todo el territorio nacional.
La propuesta busca movilizar a la población para abordar temas críticos como los incendios forestales, la derogación de un conjunto de leyes que han sido calificadas como incendiarias y la oposición al modelo de agronegocio y extractivismo que prevalece en Bolivia. Wilson Santiesteban, director de la plataforma Plurales, ha señalado que la consulta incluirá cinco preguntas fundamentales que abordarán la legislación actual relacionada con los incendios y el modelo económico del país. La intención es crear un espacio donde los ciudadanos puedan manifestar su postura sobre medidas necesarias para detener el daño ambiental.
La participación se facilitará a través de un formulario en línea, así como mediante votaciones en urnas en lugares designados y en asambleas de comunidades y organizaciones sociales, respetando sus normas y saberes.
Las preguntas que se someterán a consulta son las siguientes:
– ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Gobierno Nacional derogan de manera inmediata todas las leyes y decretos del paquete incendiario? Sí o no.
– ¿Acepta que la superficie quemada ilegalmente en propiedades privadas o empresariales sea devuelta al dominio del pueblo boliviano por incumplimiento de la función económica y social, y que sea considerada tierra fiscal no disponible hasta su completa recuperación y restauración? Sí o no.
– ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Gobierno Nacional establezcan y garanticen el cumplimiento de una pausa ecológica que asegure la restauración total de las áreas afectadas por incendios ilegales? Sí o no.
– ¿Está de acuerdo en que el Estado impulse y respalde alternativas sostenibles como la agroecología, agroforestería y ecoturismo, y que se garantice el derecho de los municipios, territorios indígenas y comunidades campesinas a declararse libres de minería, deforestación, organismos genéticamente modificados, agrocombustibles y contaminación del suelo, aire y agua? Sí o no.
– ¿Está de acuerdo en aumentar el presupuesto destinado al sector de medioambiente y agua del 0,7% al 10% del Presupuesto General del Estado, priorizando su uso en la recuperación de bosques y biodiversidad, el fortalecimiento de áreas protegidas, la atención a la crisis hídrica y el apoyo a comunidades indígenas y a la población afectada por incendios? Sí o no.
Este esfuerzo se produce en un contexto de creciente preocupación por los incendios forestales en Bolivia, que en años recientes han causado daños significativos. Aunque el Gobierno ha implementado algunas acciones para combatir estos desastres, organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas han advertido que la legislación vigente favorece la expansión de prácticas agrícolas y extractivas que agravan la destrucción de los ecosistemas. El paquete de leyes incendiarias, que incluye la Ley 741 y el Decreto 3973, ha sido identificado como un factor clave en la intensificación de estos incendios
