La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) enfrenta una grave crisis debido a denuncias de corrupción que han puesto en evidencia un esquema irregular en la compra y distribución de harina subvencionada. Esta situación ha generado un perjuicio económico estimado en más de 90 millones de bolivianos para el Estado y ha reavivado las preocupaciones dentro del sector panificador, especialmente en regiones que nunca accedieron a los insumos subsidiados.
Durante años, departamentos como Tarija, junto con Santa Cruz y Pando, no recibieron harina con subsidio estatal. Representantes de los panificadores artesanales de estas zonas han señalado que la entrega de insumos estaba condicionada a afinidades políticas con la dirigencia nacional y el Gobierno central. Según estas denuncias, la falta de transparencia y la exclusión favorecieron prácticas corruptas dentro del sistema de subsidios.
Un dirigente local resaltó que mientras en otras regiones se distribuían harina, levadura, sal e incluso manteca a precios reducidos, en su territorio no se otorgó ningún insumo subvencionado. Además, cuestionó la lógica de entregar productos que no forman parte de la elaboración tradicional del pan de batalla y denunció que la harina importada era comprada a precios inflados para luego ser revendida a Emapa a un costo mucho mayor al subvencionado.
La investigación oficial ha revelado la existencia de una red que operó durante varios años, involucrando a funcionarios, dirigentes gremiales y proveedores ficticios. Este entramado habría inflado los costos de la harina importada, vendiéndola a Emapa a un precio excesivo para luego distribuirla a un costo subsidiado, generando un lucrativo negocio ilegal mediante la reventa en el mercado informal. Se identificaron panaderías inexistentes que recibían grandes cantidades de harina y se denunciaron cobros irregulares dentro del gremio panificador, incluyendo la afiliación de establecimientos a organizaciones mediante pagos sin justificación ni transparencia.
Entre los principales implicados se encuentran exfuncionarios de Emapa y dirigentes gremiales, algunos de los cuales están bajo arresto o siendo buscados por las autoridades. Estos actores están siendo señalados como responsables de la desviación de recursos y de manipular la distribución de subsidios con fines particulares.
El sector panificador de las regiones excluidas ha manifestado su preocupación y exige una investigación exhaustiva que permita esclarecer responsabilidades y erradicar el uso político y privado de los subsidios. En particular, se destaca el esfuerzo de panificadores que han mantenido la producción sin apoyo estatal, garantizando la oferta de pan a precios accesibles incluso en tiempos difíciles.
Como alternativa para mejorar la situación, algunos representantes proponen la eliminación de la subvención directa y la implementación de medidas que faciliten la importación de insumos a costo cero, lo que podría reducir significativamente los costos de producción y, en consecuencia, los precios finales del pan. Esta propuesta busca una solución técnica que evite la dependencia de subsidios y fomente la transparencia y eficiencia en el sector.
Ante el escándalo, el Gobierno ha decidido intervenir Emapa y poner fin al modelo de subsidio directo, calificándolo como un sistema vulnerable a la corrupción. Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular las redes involucradas y restablecer la confianza en la institución y el sector panificador
