La compleja situación que atraviesa la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se ha agudizado en las últimas semanas, marcada por sesiones infructuosas, denuncias de irregularidades en la votación, acuerdos quebrantados y profundas discrepancias en torno a los contratos de explotación de litio. La octava sesión plenaria, convocada recientemente, fue suspendida por el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, citando la ausencia de quórum en la directiva. La falta de secretarios de la Cámara de Diputados en la capital fue el motivo aducido para esta interrupción, dejando la agenda legislativa en un estado de parálisis. Se ha anunciado que la fecha del receso parlamentario será comunicada posteriormente, lo que añade incertidumbre al calendario de trabajo.
Esta reciente suspensión ha dejado en suspenso la consideración de varias iniciativas cruciales. Entre ellas, destaca la aprobación en detalle de un crédito de 30 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, la abrogación de las leyes 741, 1171 y 337, consideradas altamente controvertidas, permanece sin resolución. Estas normativas son objeto de crítica por autorizar desmontes de hasta 20 hectáreas en pequeñas propiedades, establecer sanciones leves para las quemas y conceder una amnistía para actividades de quema y desmonte realizadas con anterioridad, a pesar de sus evidentes impactos ambientales. Además de estos puntos, la Cámara de Diputados tiene pendiente el tratamiento de al menos una decena de nuevos préstamos que suman aproximadamente 1.115 millones de dólares, mientras que en la Cámara de Senadores hay cuatro créditos adicionales por un total de 340 millones de dólares. También se encuentra estancado el debate sobre un crédito de 100 millones de dólares de JICA, propuesto por el Gobierno para asegurar el voto exterior en las elecciones programadas para el 17 de agosto.
El consenso político que buscaba impulsar una agenda mínima hasta el cierre de la gestión gubernamental, la cual incluía la aprobación de créditos externos y leyes urgentes sobre temas como la reposición de interpelaciones, límites a los interinatos y regulación electoral, se ha visto seriamente comprometido. La inclusión sorpresiva de un nuevo contrato de explotación de litio en la agenda de la Cámara de Diputados ha sido el factor principal de esta ruptura.
El contrato para la explotación de litio en el salar de Uyuni, que involucra a la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited (sucursal Bolivia), fue programado para su discusión en la Cámara de Diputados el 3 de julio. Sin embargo, las enérgicas protestas de legisladores opositores durante esa extensa sesión impidieron su tratamiento. Días después, el intento de la Comisión de Economía Plural de avanzar con otro contrato, esta vez con la empresa rusa Uranium One, generó una nueva ola de tensión, evidenciando la profundidad de las divisiones.
Voces dentro del hemiciclo han expresado su preocupación por el curso de los acontecimientos. Una diputada de Comunidad Ciudadana señaló que estos episodios han fracturado el entendimiento político y la agenda concertada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para viabilizar los créditos. Manifestó que, a su juicio, la voluntad política necesaria para resolver problemas estructurales está ausente. La insistencia en forzar la aprobación de la ley de litio, según su perspectiva, obstaculiza la construcción de una agenda que beneficiaría a la ciudadanía boliviana, sugiriendo que existen intereses particulares prevaleciendo sobre las necesidades colectivas. En una línea similar, un diputado del Movimiento Al Socialismo sugirió que el proyecto de ley sobre el litio debería ser temporalmente puesto en pausa en la comisión, priorizando en su lugar los acuerdos previamente alcanzados, especialmente aquellos relacionados con los créditos considerados de alta importancia para el país, como el de JICA para el voto exterior
