La Cámara Alta está considerando la posibilidad de detener el avance de una propuesta legislativa que busca imponer un gravamen adicional a la producción de vinos y singanis. Esta iniciativa, ya aprobada en la Cámara de Diputados, ha generado una profunda preocupación en el sector vitivinícola, especialmente en Tarija, donde esta industria representa un pilar económico fundamental.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha sostenido reuniones con empresarios del rubro, quienes han manifestado su inquietud ante las posibles repercusiones de la ley. Se ha señalado que la implementación de este sobreimpuesto podría comprometer seriamente la viabilidad de los productores, afectando directamente la producción local.
Rodríguez ha indicado que la propuesta es impulsada por el Órgano Ejecutivo y que su aprobación en la Cámara Baja se dio con el respaldo de la mayoría. A pesar de ello, el Senado, en su rol de instancia revisora, ha tomado nota de las objeciones presentadas por los afectados. La ley, tal como está redactada, favorecería a los productores de leche mientras que impondría una carga adicional a los viticultores.
El proyecto de ley llegó al Senado esta semana, y se espera que su análisis se realice con la máxima responsabilidad. Existe la facultad de modificar la normativa, y se buscará una solución que no perjudique a un sector tan vital para la economía del país. Aunque algunos legisladores abogan por un tratamiento expedito, se ha enfatizado que no hay prisa para su aprobación, priorizando la protección de la producción de estas bebidas tradicionales.
En otro orden de ideas, respecto a las críticas gubernamentales sobre un supuesto bloqueo de créditos por parte de la Asamblea Legislativa, se ha desmentido tales afirmaciones. Se ha destacado que el poder legislativo ha autorizado préstamos por un monto superior a los 4 mil millones de dólares. Actualmente, dos proyectos de ley específicos en materia de crédito están pendientes de aprobación en el Senado.
Se ha aclarado que los créditos destinados a proyectos de inversión directa suelen ser aprobados sin inconvenientes, incluso con el consenso de las tres fuerzas políticas. Las objeciones se han presentado principalmente en relación con algunos préstamos destinados a cubrir gastos corrientes. De un total de más de 36 proyectos de ley crediticios, solo una minoría ha sido objeto de revisión o retraso, lo que refuta la idea de un bloqueo sistemático y desvincula a la Asamblea de cualquier responsabilidad en una eventual falta de liquidez de dólares en el país
