El transporte de combustible por carretera desde el exterior del país se interrumpirá a partir de este miércoles, debido a una medida de protesta convocada por el gremio de operadores de cisternas. La acción responde a la falta de acuerdo con la empresa estatal de hidrocarburos respecto a un incremento en el pago por los servicios de flete.
La paralización afectará a una flota de aproximadamente 5.500 vehículos que habitualmente se encargan de la importación de diésel y gasolina procedentes de naciones vecinas como Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y Perú. Un portavoz de la federación que agrupa a los cisterneros de la región oriental confirmó que, si bien las unidades que actualmente se encuentran fuera del territorio nacional completarán sus rutas de retorno, no se despacharán nuevos camiones desde Bolivia con el propósito de importar producto.
La demanda central de los transportistas es un ajuste al alza en las tarifas de flete. Argumentan que sus costos operativos se han disparado, llegando a incrementarse hasta en un 300%, como consecuencia directa del encarecimiento del dólar en el mercado paralelo. Explican que, aunque una parte de sus gastos (entre el 30% y 40%) es en moneda local, la mayor proporción (entre el 60% y 70%) está ligada a la divisa extranjera. Por ello, plantean la necesidad de que los pagos se coticen al tipo de cambio paralelo, se realice un porcentaje del pago en dólares, o se establezca algún mecanismo que permita la fluctuación de los fletes acorde a la realidad económica. Subrayan que el precio de los repuestos para sus vehículos, en particular, ha experimentado aumentos drásticos y volátiles, con costos que cambian rápidamente y están indexados al dólar paralelo, mientras que ellos continúan recibiendo pagos en bolivianos a la tasa oficial fija de 6,96.
Un intento de negociación con la empresa estatal realizado en la tarde del martes no logró destrabar el conflicto, especialmente en lo referente a adelantar una reunión programada para el 27 de mayo.
La situación también genera inquietud entre los operadores de cisternas que se dedican a la distribución de combustible dentro del departamento de Santa Cruz y sus provincias. Expresan preocupación por la posibilidad de quedarse sin producto para transportar si cesan las importaciones. Estos transportistas locales, a su vez, están solicitando a los propietarios de estaciones de servicio un aumento en el pago por sus servicios de distribución interna.
Sin embargo, los dueños de las gasolineras se muestran reacios a conceder este incremento. Su negativa se fundamenta en que el margen de ganancia que les otorga la empresa estatal por la venta de combustible no ha sido actualizado desde hace mucho tiempo, lo que limita su capacidad para asumir mayores costos de flete local.
Tras conocerse el anuncio de la protesta de los cisterneros, se observó un incremento notable en las filas de vehículos en las estaciones de servicio a lo largo del eje troncal del país. A pesar de que la empresa estatal había asegurado el lunes que el mercado estaba abastecido al 100% y que se despachaban diariamente unos 14 millones de litros de diésel y gasolina desde las plantas de almacenaje, las imágenes en ciudades como Santa Cruz, Cochabamba y La Paz mostraban largas colas, aunque la dispensación de combustible se desarrollaba con normalidad en los surtidores.
Diversos sectores del transporte, tanto de carga como de pasajeros, han declarado un estado de emergencia ante la ya existente escasez de combustibles, una situación que se prevé se agrave con la medida de fuerza de los cisterneros. En Santa Cruz, representantes del transporte federado señalaron que el sector ya operaba en condiciones críticas antes de la protesta. El transporte urbano trabajaba a la mitad de su capacidad, el interprovincial a un 40%, y se estima que el 60% del transporte pesado se encontraba inactivo en varios municipios por falta de diésel. Los dirigentes indicaron que miles de camiones esperaban por combustible en las estaciones. Anunciaron la convocatoria a un encuentro departamental para definir posibles acciones, criticando a las autoridades por, a su juicio, desatender sus responsabilidades mientras se enfocan en actividades políticas. En Cochabamba, un representante del transporte urbano manifestó que el reciente aumento de 50 centavos en la tarifa del pasaje público resulta insuficiente. Atribuyó esta insuficiencia al alza del dólar paralelo y a la cuadruplicación de los precios de los repuestos. Hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen medidas que frenen la apreciación del dólar y solicitó al poder ejecutivo priorizar el trabajo en beneficio de la población boliviana
