El futuro mandatario, Rodrigo Paz, ha emitido un enérgico pronunciamiento dirigido a quienes pudieran intentar obstaculizar la erradicación de actividades ilícitas en el país. En su declaración, enfatizó que cualquier individuo que se oponga a esta cruzada deberá reconsiderar profundamente su posición dentro de la nación, al tiempo que aseguró que no hay motivo para temer a las instituciones internacionales dispuestas a colaborar con Bolivia en este esfuerzo.
Este pronunciamiento tuvo lugar al concluir un encuentro con representantes del ámbito económico y empresarial, celebrado el pasado sábado en la ciudad de Santa Cruz.
Paz destacó la apertura del país a la cooperación de organismos internacionales provenientes de diversas naciones, incluyendo no solo a Estados Unidos, sino también a países vecinos como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile, todos ellos fronterizos con Bolivia. El objetivo primordial de esta colaboración es fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada.
El líder político fue categórico al señalar que aquellos que intenten resistir este combate deberán evaluar su rol en el país, ya que su administración se comprometerá con la aplicación rigurosa de la justicia, la transparencia y la persecución de delitos como la trata de personas y los movimientos financieros ilegales.
La advertencia de Paz se produce en un contexto de recientes cuestionamientos por parte de facciones políticas afines a ciertos movimientos sociales, que han criticado el posible restablecimiento de vínculos con Estados Unidos y la eventual reaparición de una oficina dedicada al control de narcóticos en el territorio nacional.
El electo presidente subrayó la imperiosa necesidad de consolidar un país institucionalizado, donde el combate a la corrupción sea intrínseco a la lucha contra toda actividad ilícita. ¿Acaso deseamos persistir como una nación afectada por la corrupción?, interpeló, desafiando a quienes pudieran defender prácticas corruptas a enfrentar las instituciones que buscarán transparentar la convivencia entre los bolivianos. Reiteró el firme compromiso de su gobierno con la erradicación de cualquier forma de corrupción en el país.
Para justificar el retorno a una relación más estrecha con Estados Unidos, el futuro jefe de Estado argumentó los beneficios económicos que esto podría generar. Ejemplificó con las exportaciones que, en 2008, alcanzaron los 500 millones de dólares —principalmente en el sector textil, bajo un acuerdo comercial específico—, generando aproximadamente 40.000 empleos en la ciudad de El Alto. Estas exportaciones, lamentó, fueron abruptamente interrumpidas en 2009 debido a determinaciones de índole político-ideológica.
Como resultado de aquella decisión, las exportaciones se desplomaron a tan solo 23 millones de dólares y los empleos se redujeron drásticamente a mil. Paz calificó este hecho como un acto de deslealtad nacional, argumentando que cualquier determinación ideológica que comprometa el sustento de las familias bolivianas constituye una traición a la patria. Aseguró que tales decisiones perjudiciales no tendrán cabida durante su gestión, enfatizando que la preocupación central de su gobierno será el bienestar y la prosperidad de la ciudadanía
