En los últimos días, la problemática generada por la distribución de gasolina que afectó el funcionamiento de motores en diversas regiones del país ha cobrado especial relevancia en el ámbito público y gubernamental. Durante un acto oficial en la ciudad de El Alto, donde estuvo presente Sergio Díaz-Granados, presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Rodrigo Paz se dirigió brevemente a la prensa para abordar esta situación que ha impactado a diferentes sectores, especialmente al transporte.
Rodrigo Paz manifestó su firme postura respecto a los hechos y enfatizó que, aunque considera que hubo un boicot detrás del problema con la gasolina, esta circunstancia no debe ser utilizada como excusa para evadir responsabilidades. Destacó que el Estado debe asumir plenamente su rol en la resolución del conflicto y garantizar que se adopten las medidas necesarias para superar esta contingencia. Su declaración subraya un compromiso claro por parte del Gobierno para identificar a los responsables y sancionarlos conforme a la ley.
Los inconvenientes comenzaron a manifestarse a principios del mes de febrero, cuando se reportaron fallas significativas en los motores de vehículos en distintas partes del territorio nacional. Estas incidencias se intensificaron poco antes de las festividades de Carnaval, momento en el que la problemática cobró mayor visibilidad pública. Las autoridades gubernamentales atribuyeron los daños a un lote de gasolina desestabilizada que fue distribuida entre los consumidores, lo cual generó protestas y reclamos especialmente entre los subsectores vinculados al transporte.
El presidente enfatizó que una responsabilidad fundamental del Ejecutivo es investigar el origen exacto del problema con la gasolina para poder tomar decisiones acertadas basadas en criterios técnicos. Subrayó que estas acciones no quedarán sin consecuencias y garantizó que quienes resulten implicados en este perjuicio serán identificados y enfrentarán las sanciones correspondientes.
Por otro lado, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el vicepresidente de Operaciones, Sebastián Daroca, informó que no fue posible determinar con exactitud el volumen total de gasolina desestabilizada entregada al mercado. En cambio, se refirió al período durante el cual estos lotes defectuosos estuvieron siendo distribuidos, señalando que abarcan desde diciembre hasta principios de febrero. Este dato apunta a una problemática prolongada en el tiempo cuya detección tardía complicó aún más su manejo.
En respuesta a esta situación crítica, el Gobierno anunció medidas destinadas a compensar a los transportistas afectados por los daños causados en sus vehículos debido al combustible adulterado. Esta iniciativa busca aliviar el impacto económico sufrido por un sector clave para la movilidad y economía nacional. Además, se están implementando acciones técnicas como la incorporación de aditivos especiales a la gasolina para mejorar el rendimiento y funcionamiento de los motores, buscando evitar incidentes similares en adelante.
Este episodio pone de manifiesto la importancia de fortalecer los controles sobre la calidad del combustible distribuido en el país y refuerza la necesidad de mecanismos efectivos para prevenir fraudes o sabotajes que puedan afectar tanto a usuarios como al sector productivo. La reacción oficial muestra una voluntad clara por esclarecer responsabilidades y tomar medidas concretas para restaurar la confianza en el suministro energético nacional. La población y sectores involucrados aguardan con expectativa los avances en esta investigación y las soluciones definitivas que permitan superar esta crisis con garantías técnicas y legales
