El próximo gobierno, bajo la dirección del presidente electo Rodrigo Paz, se perfila hacia una profunda reestructuración del modelo estatal, priorizando la descentralización y el fortalecimiento de las capacidades regionales. Esta visión de una administración más distribuida encuentra eco en una iniciativa legislativa pendiente de consideración, que busca delegar a los municipios la potestad sobre la transferencia de bienes inmuebles.
El mandatario electo ha expresado públicamente su convicción de que la edificación del Estado y el impulso económico deben gestarse desde las regiones, promoviendo una participación más activa de los niveles subnacionales en la toma de decisiones, una filosofía encapsulada en su propuesta 50-50.
En su programa de gobierno, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), formación que llevó a Rodrigo Paz a la presidencia, diagnostica a Bolivia como un sistema excesivamente centralizado, al que califican de Estado tranca. Este modelo, según el documento, concentra la autoridad y el poder en una administración central que monopoliza las decisiones, el control de las políticas y la asignación de recursos a nivel nacional, relegando las necesidades y el desarrollo de las entidades territoriales autónomas. La concentración de poder, argumenta el PDC, ha resultado en la desatención de las demandas económicas, políticas y sociales de diversas regiones.
El plan de gobierno del PDC critica que la tendencia centralista de las administraciones precedentes, durante las últimas dos décadas, ha propiciado un ciclo político caracterizado por decisiones económicas y políticas tomadas de forma arbitraria desde la sede del gobierno central, menoscabando las atribuciones de los niveles subnacionales consagradas tanto en la Constitución Política del Estado como en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
Esta perspectiva se alinea con un proyecto de ley presentado en 2021 por Comunidad Ciudadana (CC), enfocado en las transferencias de bienes inmuebles a nivel municipal. La propuesta legislativa, denominada Reconocimiento de la potestad legislativa plena de los gobiernos autónomos municipales para la transferencia de bienes inmuebles, busca otorgar a los municipios la facultad de autorizar la transferencia de bienes inmuebles de dominio público municipal y de su patrimonio institucional, eliminando la actual exigencia de una aprobación final por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Actualmente, los trámites para la enajenación de terrenos urbanos destinados a vivienda requieren que los proyectos, una vez aprobados por los concejos municipales, sean remitidos al Legislativo Plurinacional para su validación. La justificación de la propuesta de ley señala que este requisito genera dilaciones y demoras innecesarias en los procesos de transferencia, perjudicando a los beneficiarios debido al prolongado tiempo que implica la tramitación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Recientemente, la bancada de Comunidad Ciudadana sostuvo un encuentro con asambleístas electos de cuatro agrupaciones políticas: PDC, Libre, Unidad y Súmate. Durante la reunión, se presentó un inventario de proyectos legislativos que no lograron avanzar en su tratamiento debido a impedimentos políticos, pero que, dada su relevancia, podrían ser retomados por los nuevos legisladores en la próxima gestión parlamentaria. Un representante de la bancada de CC describió la reunión como muy productiva, enmarcada en la etapa de transición, con el propósito de proporcionar información útil a las autoridades recién electas.
Algunos legisladores han manifestado que la propuesta de ley sería viable y oportuna, considerando la burocracia que actualmente caracteriza estos procedimientos. Un diputado electo del PDC afirmó que descentralizar estas competencias resultaría factible, aliviando un trámite que considera burocrático y perjudicial para los ciudadanos involucrados.
Por su parte, un diputado de Comunidad Ciudadana, quien reasumirá su escaño por la Alianza Unidad, destacó que la propuesta 50-50 es fundamental para reequilibrar el poder y transferir responsabilidades y recursos a las regiones. No obstante, enfatizó que esta medida debe implementarse de forma progresiva, preparando el camino con profesionales y un plan estratégico para asegurar que las regiones estén capacitadas para asumir estas nuevas responsabilidades y gestionar adecuadamente los recursos
