Tras realizar un exhaustivo diagnóstico sobre la gestión pública heredada, el nuevo gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz Pereira inició un proceso de reestructuración del Órgano Ejecutivo con el objetivo de revitalizar un Estado descentralizado, fundamentado en la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 2006. Paralelamente, se implementarán auditorías en todas las entidades dependientes del Ejecutivo para garantizar mayor transparencia y eficiencia.
Los primeros indicios de esta transformación se evidenciaron durante una reunión extraordinaria de gabinete, seguida por la presentación oficial de la reestructuración en el Ministerio de la Presidencia. En este contexto, se nombraron cuatro viceministros que liderarán la implementación de las reformas orientadas a reducir la burocracia estatal y fortalecer el control sobre la gestión pública.
Uno de los retos inmediatos es auditar al propio Ministerio de la Presidencia, donde se detectó la presencia de aproximadamente 500 funcionarios con funciones poco claras. Según el viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Héctor Linares, no se encontraron informes detallados sobre las actividades diarias de estos empleados, por lo que se prevén medidas correctivas tras la auditoría correspondiente.
La estructura del Ministerio de la Presidencia fue modificada, dividiendo el antiguo Viceministerio de Coordinación Gubernamental en dos nuevas entidades: la Coordinación de Gestión Pública, liderada por Linares, y la Coordinación Legislativa, bajo la dirección de Wilson Santamaría. A estas se suma el Viceministerio de Autonomías, a cargo de Andrea Barrientos, mientras que el Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales se mantiene sin cambios, con René Flores Trujillo al frente.
El presidente Paz Pereira ha señalado la necesidad de erradicar lo que denomina un “Estado tranca” y limpiar la administración pública de irregularidades profundas. En palabras del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el diagnóstico realizado es una descripción objetiva de la situación actual del Estado, y la respuesta debe ser inmediata para corregir el desorden encontrado.
En cuanto a la reorganización del Órgano Ejecutivo, se establecieron cuatro pilares fundamentales mediante un decreto supremo transitorio que permitirá a la Presidencia funcionar como un “Centro de Gobierno”. Desde esta instancia, el presidente podrá coordinar de manera efectiva con los ministerios, el Legislativo, los gobiernos subnacionales y las organizaciones sociales.
Entre los cambios más significativos está la creación de un Ministerio Productivo, que integrará áreas como Desarrollo Rural, Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Integral, consolidando el sector productivo. Asimismo, se conformará el Ministerio de Planificación y Desarrollo Sostenible, encargado de temas ambientales, biodiversidad, cambio climático y planificación para el desarrollo sostenible.
Estas modificaciones buscan flexibilizar la estructura ministerial sin incrementar el gasto público, alineándose con la legislación vigente y corrigiendo desviaciones introducidas en administraciones anteriores.
Por su parte, la viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, enfatiza la importancia de avanzar hacia una descentralización efectiva, con una distribución equitativa de recursos entre el Estado central y las regiones, promoviendo el fortalecimiento de las autonomías y el debate sobre federalismo. Para ello, convocará al primer Consejo Nacional de Autonomías, donde se analizarán las particularidades de cada región y se definirán soluciones adecuadas.
El viceministro Linares reconoce la magnitud del desafío, ya que se busca transformar una estructura organizacional que ha funcionado durante dos décadas bajo patrones que favorecieron la corrupción y la ineficiencia, priorizando la transparencia y la institucionalidad.
En materia de comunicación, se eliminará el Viceministerio de Comunicación dentro del Ministerio de la Presidencia, reemplazado por una Dirección de Comunicación que dependerá directamente de la oficina presidencial. Esta medida también permitirá una reducción significativa en el presupuesto destinado a esta área, sin menoscabar su importancia para la transmisión de políticas públicas y la interacción con la ciudadanía.
En resumen, el gobierno de Rodrigo Paz Pereira ha iniciado un proceso de reordenamiento administrativo que incluye la fusión y reestructuración de ministerios, la eliminación de unidades innecesarias y un enfoque claro hacia la eficiencia, la transparencia y la descentralización, sentando las bases para un Estado más funcional y cercano a la población
