El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, confirmó que el Gobierno contaba con información relacionada al denominado ‘caso maletas’ desde antes de que este escándalo saliera a la luz pública. En declaraciones recientes, el mandatario explicó que, con base en esos datos preliminares, se iniciaron las investigaciones que permitieron identificar una primera estructura vinculada al caso, en la que figura también la exdiputada Laura Rojas.
Paz señaló que la información fue manejada con anticipación y que se han seguido los procedimientos adecuados para comprender el alcance del caso. Sin embargo, enfatizó que corresponde a la justicia continuar con la investigación y demostrar la transparencia en sus procesos.
Este pronunciamiento se produce en medio de críticas hacia varias instituciones estatales por la falta de control en el aeropuerto Viru Viru, uno de los principales del país, donde en un vuelo chárter proveniente de Estados Unidos ingresaron 32 maletas sin pasar por los controles habituales a finales de noviembre de 2025.
El presidente adelantó que se revelarán más casos de corrupción que involucrarán a diversas personas e instituciones. Aseguró que las investigaciones avanzan de manera metódica para identificar a todos los responsables y evitar que huyan del país. “No buscamos generar escándalos, sino erradicar la corrupción en todos los niveles del Estado”, afirmó.
En paralelo, la Fiscalía de Sustancias Controladas presentó una imputación formal contra la exdiputada Laura Rojas, solicitando su detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola. Se le acusa por los delitos de tráfico de sustancias controladas, confabulación y asociación delictuosa. La Fiscalía ya entregó las pruebas correspondientes y espera que un juez fije fecha para la audiencia que definirá la situación legal de la exlegisladora.
Además, en el marco de esta investigación, tres personas fueron detenidas tras ser citadas como testigos. Dos de ellas están vinculadas al Tribunal Departamental de Justicia y la tercera es representante legal de una empresa de seguridad. Los detenidos, identificados como Diego N.S., Vicky R.O. y Juan Carlos E.V., figuran como socios de la Empresa Boliviana de Seguridad Ebose, donde se encontró un cargamento de casi 80 kilos de marihuana junto con documentos personales de un juez que también es socio principal de dicha empresa.
Las pesquisas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía apuntan a que estas personas habrían sido utilizadas como prestanombres para ocultar la propiedad de inmuebles de alto valor. Existen indicios de que otros funcionarios judiciales de alto rango podrían estar implicados, por lo que se prevén nuevas citaciones.
El Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, se desplazó a Santa Cruz para supervisar el avance de las investigaciones. En una conferencia, informó que sostuvo reuniones con directores de la Felcn y de las fuerzas antidrogas para coordinar los próximos pasos. También confirmó que se están tomando declaraciones a funcionarios de la Aduana que operan en el aeropuerto para determinar responsabilidades.
Asimismo, se solicitó información a entidades como la aerolínea BoA y Migración para verificar los vuelos realizados por Laura Rojas y otro ciudadano extranjero, con el fin de establecer posibles vínculos.
Mariaca señaló que detrás de este caso opera una organización dedicada al tráfico de sustancias controladas, lo que agrava la gravedad del asunto.
Por su parte, la decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, manifestó que el ‘caso maletas’ afecta la reputación y la integridad del Órgano Judicial. Por ello, hizo un llamado a las autoridades para que apliquen con rigor la ley contra todos los implicados en este proceso
