Bolivia marcó un hito en su trayectoria democrática la noche del domingo 12 de octubre, al ser escenario del primer debate presidencial auspiciado por el órgano electoral supremo. El evento, que comenzó puntualmente a las 21:00, representó un nuevo capítulo en la historia política del país.
Previo al inicio, se llevaron a cabo los procedimientos habituales para este tipo de confrontaciones políticas, incluyendo la asignación de posiciones en el estrado, el orden de las participaciones y la secuencia de los mensajes finales. El candidato de la coalición Libre, Jorge Quiroga, resultó beneficiado en el sorteo, asegurando la oportunidad de pronunciar las últimas palabras.
Mientras en las inmediaciones del lugar del evento, en la Avenida Arce de La Paz, simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) se reunían para respaldar a la fórmula Paz-Lara, la dirección de la alianza Libre había instruido a sus seguidores permanecer en sus sedes partidarias, buscando prevenir cualquier fricción con los oponentes políticos, una estrategia ya implementada la semana anterior. En diversas ciudades, la opinión pública reflejaba una clara demanda: los ciudadanos anhelaban escuchar menos retórica y más soluciones concretas, especialmente ante la compleja situación económica que afecta a gran parte de la población.
El encuentro dialéctico puso de manifiesto dos enfoques divergentes para superar los desafíos nacionales. A lo largo de un intercambio caracterizado por la ausencia de agresiones personales, ambos contendientes expusieron sus estrategias en torno a seis áreas temáticas fundamentales que estructuraron la discusión.
En el segmento dedicado a la economía, el candidato Paz inició con una crítica contundente, describiendo la situación como un “Estado estancado”. Sus propuestas incluyeron una amnistia fiscal y una reducción impositiva para estimular la actividad productiva y beneficiar a la pequeña empresa. Su visión, denominada “capitalismo inclusivo”, planteaba una distribución equitativa (50/50) de los ingresos entre el gobierno central y las entidades regionales. Al ser interpelado por su oponente sobre el origen de los recursos en divisa extranjera, Paz afirmó que no recurriría al Fondo Monetario Internacional. Por su parte, Quiroga abogó por el financiamiento internacional, detallando un plan de rescate económico de 12.000 millones de dólares y tres acciones urgentes: eliminar las colas por combustible, contener la inflación y atraer inversión extranjera. A pesar de estas diferencias, ambos convergieron en la importancia de la estabilidad económica, con Quiroga destacando la unidad en este objetivo.
Respecto a la cohesión social, Paz enfatizó la unidad nacional como estrategia para contrarrestar la polarización. Se comprometió a erradicar el racismo, garantizar la libre circulación, proteger la propiedad privada y mantener los programas de asistencia social. Quiroga, en contraste, hizo hincapié en la gestión fiscal eficiente, criticando el derroche de fondos públicos. Propuso medidas para controlar la inflación y crear empleo a corto plazo mediante iniciativas en agua potable, riego y desarrollo rural, bajo el lema de “estabilidad con perspectiva”. Paz, por su parte, abogó por una reducción significativa de los gastos no esenciales y una gestión estatal rigurosa.
El ámbito de la justicia generó uno de los debates más intensos. Quiroga planteó una reforma profunda fundamentada en la meritocracia, la digitalización de expedientes, la acumulación de penas y la mejora de las infraestructuras penitenciarias. Criticó el uso de la detención preventiva como condena anticipada y prometió una política penal estricta contra el narcotráfico. Paz, en respuesta, propuso la convocatoria de una “cumbre nacional para la reforma judicial” con el fin de alcanzar acuerdos y aumentar la inversión en el sistema. En materia de seguridad ciudadana, abogó por una fuerza policial renovada, más profesional y transparente, y un esquema de gestión compartida (50/50) con las administraciones regionales.
En el sector energético, las diferencias fueron notorias. Paz propuso una nueva legislación de hidrocarburos que garantice una participación del 50% de las regiones en las ganancias y la transformación de la empresa estatal de petróleo en una entidad de servicios, exenta de corrupción. Para el litio, su estrategia contemplaba un modelo de inversión mixto para impulsar la industria química básica, potenciar el turismo y salvaguardar los salares. Quiroga, desde una perspectiva más liberal, defendió una ley de hidrocarburos que asegure la estabilidad jurídica y propicie un “resurgimiento energético”. Adicionalmente, sugirió la creación de una industria local de baterías y presentó su iniciativa de una “revolución propietaria”, que implicaría la distribución de acciones por un valor de 1.500 millones de dólares entre la ciudadanía. Complementariamente, prometió una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 10% para estimular la economía.
Abordando la minería, la agricultura y el turismo, Quiroga destacó la biotecnología como un factor esencial para incrementar la productividad agrícola y planteó una revisión de la Función Económica y Social (FES) para asegurar la certidumbre legal sobre la tenencia de la tierra
