El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado un conjunto de medidas destinadas a reforzar el control sobre las plataformas digitales, con especial énfasis en la protección de los menores de edad y en la responsabilidad legal de los directivos de estas empresas. Este anuncio se produjo durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, un foro internacional que reúne a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno, lo que subraya la relevancia global del tema abordado.
Entre las medidas más destacadas figura la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Esta iniciativa responde a la preocupación creciente sobre el impacto que estas plataformas pueden tener en la salud mental y el bienestar de los jóvenes. Para garantizar el cumplimiento de esta restricción, Sánchez explicó que las propias plataformas estarán obligadas a implementar mecanismos efectivos y barreras tecnológicas que impidan realmente que los menores accedan a sus servicios. Este enfoque supone un cambio significativo en la regulación digital, ya que pone sobre las empresas una responsabilidad directa en la protección de los usuarios más vulnerables.
Además, el presidente español detalló que su Gobierno avanzará hacia una mayor exigencia legal respecto a los responsables máximos de las plataformas digitales. En este sentido, los directivos serán considerados legalmente responsables por cualquier infracción cometida dentro de sus redes sociales, lo que implica un giro importante respecto a la tradicional impunidad con la que han operado muchas empresas tecnológicas. Esta medida busca fomentar una cultura de responsabilidad y diligencia entre quienes gestionan estos espacios digitales.
Otra iniciativa relevante es la tipificación como delito penal de prácticas como la manipulación algorítmica y la amplificación intencionada de contenidos ilegales. Esta propuesta se acompaña del compromiso gubernamental para colaborar con la Fiscalía en la investigación de posibles infracciones vinculadas a plataformas específicas como Grok, TikTok e Instagram. La intención es dotar al Estado de herramientas jurídicas para combatir fenómenos como la desinformación, el discurso del odio y otras actividades ilícitas que proliferan en el entorno digital.
En línea con este esfuerzo regulatorio, Sánchez anunció también la creación de un sistema avanzado para rastrear, cuantificar y trazar lo que denominó “una huella de odio y polarización”. Esta herramienta permitiría identificar patrones y fuentes de mensajes tóxicos o divisivos dentro del ecosistema digital, facilitando así su control y eventual sanción. Este tipo de sistemas representa un paso hacia una gestión más proactiva y tecnológica contra los riesgos asociados al uso masivo e incontrolado de las redes sociales.
El presidente subrayó asimismo la importancia del trabajo conjunto entre países para enfrentar estos desafíos globales. En este marco, España se ha sumado a cinco naciones europeas para formar la llamada ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’, cuyo objetivo es avanzar coordinadamente en una regulación más estricta, rápida y eficaz sobre las plataformas sociales. La cooperación internacional se presenta como un elemento clave para hacer frente al poder transnacional y económico que poseen estas compañías.
El contexto en el que se dan estas medidas es especialmente complejo. Sánchez describió las redes sociales como “un estado fallido” donde se ignoran leyes básicas, se toleran delitos graves y donde prevalece la desinformación sobre hechos verificables. Como ejemplos concretos señaló acusaciones contra TikTok por permitir cuentas maliciosas dedicadas a compartir pornografía infantil generada mediante inteligencia artificial; denuncias contra Instagram por espiar a millones de usuarios; así como el uso reiterado por parte de Facebook para campañas masivas de desinformación e interferencia electoral.
Además, lamentó acontecimientos recientes como el uso por parte del propietario de ‘X’ (antes Twitter), Elon Musk, quien utilizó su cuenta personal para difundir desinformación relacionada con una decisión soberana del Gobierno español sobre regularización migratoria. Estas situaciones ilustran cómo incluso figuras públicas muy influyentes pueden contribuir al problema cuando no existen controles adecuados.
Frente a esta realidad compleja y poderosa, Sánchez enfatizó que recuperar el control no será sencillo debido a la enorme riqueza e influencia económica que acumulan estas empresas tecnológicas —superiores incluso a muchos países— pero aseguró que esa circunstancia no debe generar temor ni resignación. La determinación del Gobierno español será firme para imponer normas claras y defender su soberanía digital con una política de “tolerancia cero” ante incumplimientos o abusos.
En definitiva, esta serie de anuncios apunta hacia un cambio significativo en cómo España pretende regular internet y las redes sociales en particular. El foco puesto en proteger a los menores, responsabilizar legalmente a directivos y combatir activamente el discurso nocivo refleja una preocupación generalizada por los efectos negativos asociados al crecimiento descontrolado del mundo digital. Asimismo, el compromiso con alianzas internacionales denota conciencia sobre la necesidad imperiosa de respuestas coordinadas frente a desafíos comunes en el ámbito tecnológico globalizado. Para los ciudadanos españoles estos cambios pueden traducirse en espacios digitales más seguros y transparentes donde prevalezca el respeto a las normas legales y al bienestar colectivo
