La migración anual de peces en el río Pilcomayo, vital para el sustento de numerosas comunidades ribereñas, enfrenta serias dificultades en su tramo superior. Se ha reportado una notable disminución en la cantidad de sábalo que logra alcanzar las zonas aguas arriba, afectando directamente a las poblaciones que dependen de esta actividad.
La preocupación principal radica en la instalación de barreras artificiales en puntos críticos del cauce, específicamente en el área conocida como el angosto, cerca de Villa Montes. Estos obstáculos, presuntamente colocados por operaciones de pesca comercial, impiden el paso de ejemplares de mayor tamaño, interrumpiendo el ciclo migratorio natural de la especie.
Para las comunidades indígenas, incluyendo grupos Guaraní y Weenhayek, la temporada de pesca representa una fuente económica fundamental y de seguridad alimentaria. Líderes comunitarios han señalado que más de veinte comunidades en la provincia de O’Connor aguardan la llegada de los cardúmenes en esta época para generar ingresos y asegurar el sustento diario de cientos de familias. La interrupción de la migración por estas barreras constituye un grave perjuicio para su economía tradicional.
Además del impacto socioeconómico, el uso de estos dispositivos de pesca prohibidos tiene consecuencias ambientales negativas. Los peces que quedan atrapados y mueren son a menudo desechados en las orillas del río, contribuyendo a la contaminación. Más alarmante aún, estas trampas ilegales amenazan la capacidad reproductiva del sábalo y la salud general de la fauna ictícola del Pilcomayo, un ecosistema que ya ha mostrado signos de deterioro y reducción de poblaciones debido a la pesca intensiva en años recientes.
Existe una normativa departamental, la Resolución Administrativa 105/2025, que prohíbe explícitamente la instalación de trampas ilegales en el río. Sin embargo, su uso persiste, especialmente en áreas cruciales para el tránsito migratorio. Ante esta situación, se ha solicitado a las autoridades departamentales, a través de sus unidades encargadas de biodiversidad y fauna silvestre, que intensifiquen las labores de control y apliquen sanciones rigurosas a quienes infrinjan la norma.
Desde la dirección de Medio Ambiente de la Gobernación, se ha indicado que se evalúan acciones legales, incluyendo la posibilidad de iniciar procesos penales, contra los responsables de estas prácticas ilegales. Si bien la pesca genera movimiento económico para diversos sectores, desde las comunidades afectadas se enfatiza la necesidad de priorizar la sostenibilidad del recurso y el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la pesca tradicional
