La diputada Adriana Aguirre ha confirmado la convocatoria a una audiencia pública en Entre Ríos, una localidad de la provincia O’Connor en Tarija, que ha sido organizada por el juez agroambiental. Esta audiencia surge a raíz del pedido de pausa en las actividades petroleras en la zona, solicitado por el Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya. La situación gira en torno a las operaciones de las empresas Petrobras y YPFB en el área Domo Oso X-3, que se encuentra adyacente a la Reserva de Tariquía.
Aguirre, quien representa a la brigada parlamentaria involucrada en este asunto, destacó que los descargos presentados por las autoridades implicadas han dejado entrever una alarmante falta de información. Vamos a solicitar la medida de pausa en el ingreso petrolero mientras se verifiquen las solicitudes realizadas para completar la información necesaria, subrayó la legisladora. Este pedido se fundamenta en las contradicciones existentes entre las categorías ambientales defendidas por las empresas y la realidad normativa vigente desde 2020, lo que sugiere que no se llevó a cabo un análisis integral adecuado.
La diputada también enfatizó que la consulta previa y participación de las comunidades afectadas por este tipo de proyectos es un requisito constitucional que no se ha cumplido. El ingreso al área donde se proyecta trabajar implica atravesar una comunidad campesina y existen múltiples indicios que sugieren irregulares en la obtención de la nueva categoría ambiental otorgada a Petrobras y YPFB. Aguirre apuntó que han transcurrido cuatro años sin que se abordaran adecuadamente estos aspectos.
Además, la legisladora planea presentar varios argumentos durante la audiencia pública para respaldar su solicitud de pausa en el ingreso petrolero. Uno de los puntos clave será la existencia de una categoría ambiental anterior, que evaluaba de forma integral los factores que podrían afectar el ecosistema circundante al proyecto. Aunque el área específica no se encuentra dentro de los límites de la Reserva, está situada a solo un kilómetro y medio, lo cual es considerado parte del mismo ecosistema.
En relación con una inspección reciente realizada en el área, Aguirre destacó la firmeza del juez ante intentos por parte de algunas partes interesadas para suspender la audiencia mediante recursos legales.
Por otro lado, también se ha confirmado que el camino previsto para acceder a esta zona presenta condiciones difíciles, con quebradas y riachuelos. La diputada advirtió que realizar obras como una planchada en esas condiciones podría resultar desastroso debido a los cursos de agua presentes. A pesar de los argumentos presentados por Petrobras y YPFB sobre el cumplimiento de lo estipulado bajo la categoría dos ambiental, Aguirre ha señalado que ha habido una falta significativa de información durante cuatro años y un incumplimiento respecto a las normativas previas establecidas bajo la categoría uno. Esto sugiere un manejo inadecuado del proceso regulatorio necesario para operar en esta delicada área ambiental.
