La tramitación de una propuesta legislativa fundamental para la protección de los recursos hídricos en Tarija se encuentra estancada en la Asamblea Departamental, generando inquietud entre diversos sectores de la sociedad civil. Rosvania Baldivieso, quien dirige el Comité Cívico de Tarija, ha expresado su profunda preocupación por la lentitud en el progreso de esta iniciativa. El objetivo principal de la propuesta es salvaguardar la calidad del agua y la salud pública, especialmente en las comunidades cercanas a las riberas del río Pilcomayo, una zona afectada por la contaminación.
La normativa, presentada en octubre del año anterior, ha recorrido varias instancias de la Asamblea. Si bien la Comisión de Constitución emitió un dictamen favorable y la de Desarrollo Productivo formuló algunas observaciones, el principal impedimento reside en la inactividad de dos comisiones clave.
Se ha puesto de manifiesto que la Comisión de Pueblos Indígenas no ha logrado sesionar por la ausencia del quórum necesario. Esta situación resulta particularmente llamativa, considerando que dicha comisión está integrada por solo tres asambleístas. La directora del Comité Cívico ha cuestionado esta circunstancia, aludiendo a la remuneración de 11.500 bolivianos que, según se ha señalado, perciben mensualmente los miembros de estas instancias.
Asimismo, la Comisión Económica Financiera no ha convocado ni celebrado sesiones, a pesar de contar con un plazo de quince días para hacerlo. El Comité Cívico ha anunciado que presentará una nueva comunicación y mantendrá una supervisión activa, con el fin de asegurar que, de ser necesarias, se realicen las correcciones pertinentes, dada la trascendencia de esta ley para toda la población.
La imperiosa necesidad de esta legislación es indiscutible para el Comité Cívico. Uno de sus propósitos esenciales es la protección de los recursos hídricos, con un énfasis particular en las zonas ribereñas, especialmente las del río Pilcomayo, que padece una severa contaminación por sustancias agroquímicas. Esta polución, se ha alertado, está directamente vinculada a un preocupante incremento en los casos de cáncer en las áreas afectadas.
Se ha observado un repunte en los diagnósticos de cáncer en estas regiones, y la práctica de organizar colectas y rifas solidarias para los pacientes se ha vuelto una constante. La directora cívica ha sentenciado que esta situación es inaceptable, pues la comunidad no debería depender de la caridad para abordar un problema que exige una solución estructural. Es fundamental, ha enfatizado, buscar una respuesta desde la raíz, y la resolución de la problemática hídrica constituye una de estas soluciones primordiales.
El Comité Cívico reitera que la propuesta legislativa aborda aspectos fundamentales de la salud pública, la productividad y la protección ambiental, y que su demora es inadmisible. Se ha reiterado que no se le está otorgando la relevancia que amerita, siendo una medida de urgencia para toda la ciudadanía. Se ha dirigido una exhortación a los asambleístas para que prioricen su tratamiento y aprueben las disposiciones necesarias, con el fin de garantizar un futuro sostenible y saludable para Tarija. La sociedad civil aguarda una acción decidida y expedita por parte de la Asamblea ante esta crítica coyuntura
