Las nuevas autoridades al mando de la Policía Boliviana han presentado un ambicioso plan de modernización y reinstitucionalización con el propósito de transformar profundamente a esta institución, que durante más de dos décadas ha enfrentado serias dificultades relacionadas con la corrupción y el desmantelamiento institucional. Este plan surge como una respuesta directa a los efectos del manejo político ejercido por el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), que, según las nuevas autoridades, dejó a la Policía en una situación vulnerable y desarticulada, facilitando la proliferación de irregularidades internas que han afectado la confianza ciudadana y la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.
En palabras del comandante general Mirko Sokol, quien lidera este proceso de cambio, la Policía Boliviana se encuentra ante un reto fundamental: combatir la corrupción interna, considerada como el principal obstáculo para recuperar la disciplina y ofrecer un servicio adecuado a la población. La corrupción, según los datos presentados por Sokol, no es un fenómeno aislado sino extendido, con 79 casos registrados en apenas dos meses bajo su gestión, involucrando a 151 policías de diversos rangos procesados por actos corruptos, entre ellos cobros ilegales o coimas. Esta cifra refleja la profundidad del problema y subraya la urgencia de implementar reformas estructurales que erradiquen estas prácticas.
El plan no solo se enfoca en sancionar estas conductas sino en establecer nuevas normas y modificar otras existentes para fortalecer el marco disciplinario. Entre las reformas más relevantes está la revisión profunda de la Ley 101 del Régimen Disciplinario Policial. Con esta actualización normativa se pretende simplificar los procesos disciplinarios eliminando el doble juzgamiento y reduciendo la burocracia que genera dilaciones injustificadas en los procedimientos contra miembros policiales implicados en faltas. Esta reforma busca acelerar las sanciones y fortalecer la justicia interna dentro de la institución, lo que contribuirá a restablecer el orden y una cultura de responsabilidad entre los uniformados. Actualmente esta propuesta se encuentra en fase final de revisión para su posterior presentación al Ejecutivo, tras un proceso previo de socialización con los sectores involucrados.
Además, se contempla introducir una nueva ley para regular el uso legítimo de armas de fuego por parte de los policías. Esta iniciativa responde a situaciones extremas vividas durante conflictos sociales recientes donde grupos radicales emplearon dinamitas y violencia extrema contra agentes policiales que solo estaban autorizados a usar gases lacrimógenos y escudos plásticos para protegerse. El caso emblemático mencionado es el ocurrido durante las protestas en Cochabamba donde dos policías perdieron la vida tras ser atacados brutalmente por movilizados armados con explosivos caseros. La nueva normativa pretende brindar un respaldo legal claro para que los policías puedan defenderse adecuadamente sin quedar desprotegidos ante estas amenazas violentas, siempre respetando los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Bolivia.
El plan también apuesta por modernizar los servicios policiales mediante herramientas digitales que permitan agilizar las denuncias ciudadanas y mejorar la comunicación entre policías y vecinos. Esta sistematización virtual será complementada con un retorno al contacto directo con las comunidades locales para recuperar una imagen positiva y cercana frente a la sociedad. Los pilares sobre los cuales se sustenta esta gestión son cuatro: disciplina, doctrina y liderazgo; modernización y capacidad operativa; seguridad jurídica y sostenibilidad; además de seguridad pública y confianza ciudadana. Este enfoque integral pretende no solo mejorar las capacidades operativas sino también restaurar valores institucionales fundamentales.
En cuanto al manejo interno del personal policial, se plantea modificar reglamentos relativos a ascensos tanto en las filas bajas como en los altos mandos mediante cambios en leyes como la Ley 1387 de Carrera de Generales. Actualmente esta normativa ha sido cuestionada porque permite que civiles sin formación policial ocupen cargos clave dentro del Alto Mando Policial, como ocurrió con exfuncionarios gubernamentales designados directamente por el Ejecutivo. Esta situación ha debilitado la estructura profesional e institucional al otorgar facultades decisorias sobre operativos a personas ajenas a la carrera policial tradicional. Por ello se evalúan reformas que recuperen el control interno profesional sobre estos nombramientos para garantizar meritocracia y liderazgo técnico dentro de la Policía.
Asimismo, se incluirá un proyecto destinado a modernizar y sistematizar el manejo del personal con miras a eliminar prácticas corruptas como el cobro indebido por destinos o puestos dentro de la institución policial. Actualmente muchas decisiones importantes dependen directamente del presidente del Estado debido a restricciones legales impuestas por leyes vigentes que limitan las atribuciones del comandante general para designar comandantes o directores regionales. Cambiar este esquema busca reducir injerencias políticas e incrementar transparencia en estos procesos.
Para respaldar todas estas reformas normativas e institucionales, se cuenta con el apoyo de organismos internacionales quienes colaboran en implementar tecnologías digitales aplicadas tanto al registro eficiente y seguro de denuncias como al fortalecimiento del intercambio coordinado de información con fuerzas policiales extranjeras para combatir delitos transnacionales. A pesar de anuncios previos durante gobiernos anteriores, persisten deficiencias significativas en compartir datos actualizados sobre sospechosos o redes criminales entre países vecinos; este plan intenta superar esas limitaciones mediante sistemas modernos interoperables.
Finalmente, otro componente esencial es trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para incorporar contenidos formativos sobre seguridad ciudadana desde etapas tempranas escolares. El objetivo es educar a niños y jóvenes no solo sobre normas viales o prevención del tráfico ilícito sino también sobre cómo identificar distintos tipos de violencia e implementar mecanismos personales para defenderse o evitar reproducir conductas violentas en su entorno futuro. Este enfoque preventivo busca generar una cultura ciudadana más segura desde las bases educativas.
En síntesis, las nuevas autoridades policiales han diseñado un plan integral orientado no solo a erradicar prácticas corruptas heredadas sino también a transformar profundamente todos los aspectos institucionales: desde normativas internas hasta tecnología aplicada pasando por formación ciudadana e interacción comunitaria. Este esfuerzo representa un intento decidido por recuperar credibilidad frente a una población afectada históricamente por deficiencias graves en seguridad pública derivadas precisamente del deterioro institucional prolongado durante años anteriores. La implementación exitosa dependerá tanto de recursos económicos adecuados como del compromiso conjunto entre autoridades policiales, Gobierno central y sociedad civil para consolidar una fuerza policial moderna, transparente y eficaz capaz enfrentar retos complejos actuales vinculados al crimen organizado y violencia social creciente
