En la ciudad de Cochabamba, un caso de robo de bienes municipales ha generado preocupación y atención por parte de las autoridades locales y la comunidad. Dos hombres fueron arrestados bajo la acusación de sustraer postes y letreros de señalización pertenecientes a diferentes áreas urbanas, un delito que afecta directamente la seguridad vial y el orden público. La Policía confirmó que en este ilícito están involucradas tres personas, todas ellas funcionarios adscritos a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía, lo que añade un componente grave al caso debido a la función pública que desempeñan los implicados. El tercero de los sospechosos permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas del orden.
La investigación policial se fortaleció gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en el sector conocido como OTB Alto Aranjuez, donde se logró evidenciar cómo los sospechosos actuaban durante las horas nocturnas. En estos videos se observa con claridad el modus operandi: en cuestión de segundos, los individuos retiraban los letreros señalizadores para luego cargarlos rápidamente en un vehículo y huir del lugar. Este procedimiento rápido y planificado indica un conocimiento previo del área y una intención deliberada de evadir detección.
Un dato relevante en el desarrollo del caso fue la colaboración ciudadana. Vecinos del sector afectado proporcionaron las grabaciones a las autoridades policiales, lo que permitió avanzar en la identificación y posterior detención de dos de los implicados. Este apoyo comunitario fue fundamental para desentrañar el esquema delictivo, demostrando cómo la vigilancia colectiva puede ser clave para combatir este tipo de delitos que afectan a toda la población.
Las autoridades han destacado que los tres involucrados trabajan dentro del mismo departamento municipal, lo que implica una responsabilidad aún mayor debido a su posición como servidores públicos. La Secretaría de Obras Públicas es responsable del mantenimiento y gestión de infraestructuras urbanas como señalizaciones viales, por lo que el robo perpetrado por sus propios funcionarios representa una violación directa a su deber institucional y compromete la confianza ciudadana en estas entidades.
El comandante departamental de Policía, Alejandro Basto, confirmó que tras analizar exhaustivamente las evidencias audiovisuales se logró identificar plenamente a los tres sujetos implicados. De ellos, dos ya se encuentran detenidos y enfrentan procesos legales correspondientes; sin embargo, el conductor del vehículo utilizado para transportar los postes robados continúa prófugo. Las autoridades han anunciado que se solicitará formalmente su aprehensión para completar el proceso judicial.
Este incidente no solo pone en evidencia actos individuales de corrupción o delincuencia sino también plantea cuestionamientos sobre los controles internos dentro de las dependencias municipales encargadas del cuidado urbano. La sustracción reiterada de señalizaciones puede generar consecuencias negativas significativas para la seguridad vial, puesto que estos elementos son fundamentales para regular el tránsito, prevenir accidentes y garantizar una circulación ordenada en distintas zonas.
La población afectada debe mantenerse vigilante ante situaciones similares y colaborar con las autoridades proporcionando información o evidencias que puedan ayudar a prevenir estos daños al patrimonio público. Por otro lado, es imperativo que las instituciones municipales implementen mecanismos más rigurosos para supervisar el desempeño ético y profesional de sus empleados con acceso a bienes públicos.
En suma, el arresto de estos dos funcionarios municipales por robo reiterado representa un paso importante para esclarecer este delito y recuperar elementos valiosos para la ciudad. Sin embargo, la búsqueda activa del tercer implicado continúa siendo una prioridad para lograr justicia completa y evitar nuevas afectaciones a la infraestructura urbana. Este caso pone sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer tanto la vigilancia comunitaria como las medidas internas administrativas en aras de proteger los recursos públicos esenciales para todos los habitantes
