En el municipio de Viacha, ubicado en el departamento de La Paz, un efectivo policial fue aprehendido tras ser sorprendido en posesión de una suma de dinero que presuntamente le fue entregada por una persona víctima de extorsión. El incidente se originó a raíz de la intervención del uniformado hacia un vehículo sospechoso, lo que desencadenó una serie de hechos que culminaron con la denuncia formal y la detención del agente.

El caso salió a la luz cuando la víctima, afectada por esta situación, se presentó voluntariamente en dependencias policiales para denunciar el accionar del funcionario. Según el relato proporcionado, el uniformado le exigió un monto económico bajo la amenaza implícita de llevarse su vehículo si no cumplía con la petición. Este tipo de situaciones pone en evidencia posibles actos irregulares dentro de las fuerzas del orden, y genera preocupación entre la población respecto a la integridad y ética profesional de quienes deben garantizar la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el informe oficial emitido por el comandante de la Estación Policial Integral (EPI) de Viacha, Ariel Balderrama, dos hombres acudieron a denunciar el hecho bajo la afirmación de haber sido víctimas de extorsión por parte del agente policial. En ese momento, el uniformado ya se encontraba fuera de servicio, lo que añade un matiz particular al caso, pues refleja una conducta inapropiada incluso fuera del horario laboral.

El policía implicado argumentó que su intervención se debió a sospechas fundadas sobre el vehículo en cuestión; según su versión, el motorizado presentaba indicios de haber sido clonado o remarcado ilegalmente. Por ello, solicitó al propietario que presentara la documentación original para verificar su legalidad. La víctima habría solicitado un plazo para reunir dicha documentación y, durante ese proceso, entregó una suma monetaria al efectivo con la intención aparente de evitar que se llevaran su vehículo. Esta circunstancia genera interrogantes sobre los procedimientos aplicados durante las intervenciones policiales y sobre la forma en que se manejan situaciones relacionadas con vehículos sospechosos.

A raíz de esta denuncia, se procedió a realizar una revisión al uniformado en presencia del personal de Inspectoría Policial y representantes de las víctimas. Durante esta inspección se encontró en poder del agente una cantidad de dinero cuya cifra exacta no fue contabilizada inicialmente para no interferir con las investigaciones en curso. Sin embargo, según declaraciones posteriores proporcionadas por la persona afectada, el monto exigido ascendía a 15 mil bolivianos para liberar el vehículo. No obstante, hasta el momento no ha sido confirmado si esta cantidad coincide con lo hallado durante el cacheo al policía.

Como consecuencia directa de estas acciones irregulares denunciadas y constatadas parcialmente por las autoridades internas, el efectivo policial fue inmediatamente aprehendido y trasladado a celdas mientras continúa bajo investigación formal. Este procedimiento busca garantizar una investigación transparente e imparcial para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades dentro del cuerpo policial.

Además, se informó que los organismos especializados como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público fueron puestos al tanto del caso para realizar las pesquisas correspondientes. Se espera que estas entidades lleven adelante las diligencias necesarias para cuantificar con precisión el dinero involucrado y obtener declaraciones pertinentes tanto del acusado como de las víctimas.

Este tipo de incidentes tiene un impacto significativo en la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones policiales y judiciales. La denuncia oportuna por parte de quienes se sienten agraviados resulta fundamental para enfrentar cualquier acto ilícito cometido por quienes están encargados de proteger a la sociedad. El seguimiento riguroso a estos casos permite fortalecer mecanismos internos contra posibles abusos y corrupción dentro del sistema.

En definitiva, este caso refleja una problemática relevante en materia de seguridad ciudadana y ética institucional que requiere atención inmediata por parte de las autoridades competentes. Mientras continúan las investigaciones oficiales, permanece abierta la expectativa sobre nuevas actualizaciones e información que permitan esclarecer plenamente los hechos ocurridos en Viacha relacionados con esta presunta extorsión cometida por un miembro activo pero fuera de servicio policial

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