Este domingo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú fue objeto de una intervención por parte de policías y fiscales, tras la alarmante situación en la que más de 63.300 electores se vieron imposibilitados de emitir su voto durante las elecciones presidenciales. Este hecho ha generado una gran preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, ya que refleja un fallo significativo en la logística electoral del país.
Agentes de la policía anticorrupción, junto a fiscales, llevaron a cabo diligencias tanto en las instalaciones de la ONPE como en la empresa responsable de la distribución de cédulas, ánforas y otros materiales esenciales para el proceso electoral. La Dirección contra la Corrupción de la Policía (Dircocorp) confirmó estas acciones, subrayando así el compromiso por esclarecer las razones detrás del colapso en la instalación de mesas de sufragio.
La jornada electoral se desarrolla en un contexto altamente tenso, donde los peruanos están llamados a elegir entre 35 candidatos en medio de una crisis política que ha dejado profundas cicatrices en el país. Desde 2016, Perú ha experimentado una inestabilidad política sin precedentes, con ocho presidentes ocupando el cargo y varios de ellos destituidos por un parlamento que ha sido objeto del descontento popular.
La percepción generalizada entre los ciudadanos es que los políticos han fallado en su deber, lo que ha llevado a un notable descenso en la confianza pública. La comerciante María Fernández, de 56 años, ejemplifica este desencanto al expresar su frustración: “No votaría por nadie. Me siento tan decepcionada de todos los gobernantes. Nos han gobernado puros corruptos, ladrones y sinvergüenzas”, afirmó con desánimo.
El clima de violencia y criminalidad se ha intensificado en los últimos años, con un aumento significativo en los homicidios y extorsiones. Desde 2018 hasta el presente 2025, los homicidios se han duplicado y las extorsiones han crecido ocho veces. Este incremento coincide con la llegada al país de grupos criminales extranjeros que están compitiendo con las organizaciones locales por el control territorial.
Ante este panorama preocupante, los candidatos presidenciales han centrado sus campañas en propuestas radicales para combatir la delincuencia. Entre sus promesas más controversiales se encuentran el restablecimiento de la pena de muerte, el establecimiento de cárceles aisladas en regiones remotas como la Amazonía y recompensas para policías que eliminen criminales. Además, algunos han planteado retirar a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que generaría un intenso debate sobre derechos humanos y justicia.
La elección no solo representa una oportunidad para elegir al próximo presidente del país andino, sino también un reflejo del profundo descontento social y político que enfrenta Perú en este momento crítico.
