Las principales dependencias que formaban parte del extinto Ministerio de Justicia han sido integradas al Ministerio de la Presidencia, consolidando esta cartera como el núcleo central del gobierno bajo la dirección del presidente Rodrigo Paz. Esta reestructuración, anunciada recientemente por el ministro José Luis Lupo, implica la incorporación de dos viceministerios y cuatro entidades descentralizadas.
Entre las unidades transferidas se encuentran los viceministerios de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, así como el de Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización. Además, cuatro organismos descentralizados, incluyendo el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, ahora operan bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia, aunque de manera temporal. También se sumaron la Dirección del Notariado Plurinacional y el Registro Público de la Abogacía, que mantienen una relación más estrecha con la administración del Órgano Judicial.
El ministro Lupo aclaró que esta reorganización no significa la eliminación del sistema judicial, sino que busca devolverle su independencia y neutralidad, alejándolo de la influencia política. Según sus declaraciones, el objetivo es desarticular cualquier mecanismo de persecución política y fortalecer la imparcialidad del poder judicial.
Estos ajustes se realizan en virtud de un decreto presidencial que establece la transferencia temporal de estas unidades, dado que muchas están protegidas por leyes específicas cuya modificación requiere la aprobación de una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). Por otro lado, el viceministerio de Defensa del Consumidor será reasignado al Ministerio de Desarrollo Productivo, entidad que considera adecuada para su gestión.
Respecto al personal de la administración pública, el ministro enfatizó que la reducción del aparato estatal no implicará despidos masivos. Se respetará el talento y la experiencia de los funcionarios, mientras que se eliminará el personal supernumerario que no desempeña funciones claras y representa un gasto innecesario para el Estado.
En el marco de esta transformación, el presidente Rodrigo Paz designó al abogado Yamil García como nuevo viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos. El mandatario le encomendó liderar la renovación del sistema judicial, promoviendo una visión eficiente y moderna que responda a las necesidades de la población.
Entre las responsabilidades asignadas al viceministro García está la creación de un Comité Interinstitucional que investigará las unidades de transparencia de todas las carteras estatales, empresas públicas y entidades descentralizadas vinculadas a la administración anterior. Esta medida busca evaluar el desempeño de estas unidades en las últimas dos décadas, incluyendo la fiscalización de los recursos públicos.
Asimismo, García indicó que las entidades como la Dirección del Notariado Plurinacional y el Registro Público de la Abogacía deberían retornar a la órbita del Órgano Judicial para fortalecer la transparencia y autonomía de los poderes del Estado. En cuanto al Servicio Plurinacional de Defensa Pública y el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, aseguró que su continuidad está garantizada dentro de la nueva estructura gubernamental.
Finalmente, el ministro Lupo reiteró el compromiso de respetar la independencia de los órganos del Estado durante el proceso de reforma judicial, que contará con la designación de un delegado presidencial para acompañar esta reestructuración sin interferir en la autonomía del sistema
