El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, manifestó su preocupación por la decisión de un juez de Cuatro Cañadas que aceptó revisar la situación de candidatos previamente inhabilitados por la alianza SAO-ADN, advirtiendo que esta acción podría comprometer la realización de las elecciones subnacionales programadas para el 22 de marzo.
Ávila señaló que la petición presentada ante el juez buscaba que dichos candidatos recuperen su derecho a participar en los comicios, lo que, según explicó, genera un riesgo significativo para el proceso electoral. Además, destacó que el juez carecía de competencia para intervenir en este caso, dado que los demandantes provenían de Santa Cruz de la Sierra y los demandados de La Paz.
El titular del TSE también ejemplificó la complejidad que implicaría modificar aspectos logísticos, como la distribución de los partidos en las papeletas electorales, considerando que en el país existen más de 500 formatos diferentes. Planteó interrogantes sobre cómo se podría incluir a una organización que haya sido ordenada a participar por un juez, cuestionando si ello requeriría alterar el calendario electoral vigente.
En cuanto a la normativa, Ávila recordó que el artículo 27 del reglamento electoral, en concordancia con la Constitución, establece que los candidatos inhabilitados no pueden postularse por otro partido o alianza. Subrayó que en el actual proceso electoral se inscribieron aproximadamente 34 mil personas, de las cuales cerca de 26 mil fueron inhabilitadas. En este contexto, advirtió que una resolución que permita la reinscripción de estos candidatos afectaría a un número considerable de ciudadanos.
Estas declaraciones se dieron en relación con la situación del juez Michael Quiroga, quien fue detenido tras admitir una acción de amparo que, según el TSE, pone en riesgo la estabilidad del proceso electoral. El juez, que desempeña funciones en Cuatro Cañadas, fue investigado por presunto incumplimiento de deberes y por emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Tras su liberación, Quiroga retomó sus funciones.
El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que la denuncia presentada por el TSE señalaba que la acción de amparo generaba incertidumbre sobre las elecciones subnacionales. El Consejo, a través de sus unidades de Control y Fiscalización, verificó la existencia de esta acción que aún no ha sido resuelta, lo que mantiene la preocupación sobre su impacto en el proceso electoral
