La Ley N° 1670, conocida como la normativa de Diferimiento de Créditos, fue promulgada con la intención de brindar un alivio financiero a numerosos deudores en Bolivia. No obstante, su implementación permanece detenida debido a un conflicto legal que involucra al Gobierno, la banca privada y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta situación ha generado un ambiente de creciente tensión social y política en el país.
A pesar de que la ley fue aprobada y reglamentada a través del Decreto Supremo N° 5484, que permite diferir créditos vigentes hasta el 30 de junio de 2025, el Ejecutivo ha optado por no ejecutar la norma hasta que el TCP resuelva los recursos presentados por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y otras instituciones financieras. Estas entidades argumentan que la ley podría afectar la liquidez del sistema bancario, el cual reportó utilidades históricas de 2.592 millones de bolivianos hasta octubre de 2025, motivo por el cual solicitaron medidas cautelares para frenar su aplicación.
Por su parte, los beneficiarios potenciales de la ley, entre ellos prestatarios de viviendas sociales, micro y pequeñas empresas, comerciantes y gremiales, exigen que se haga efectiva la norma. Estos sectores señalan que la crisis económica, sumada a conflictos sociales y fenómenos climáticos adversos, ha impactado negativamente sus ingresos, y que el diferimiento no implica un perdón de deuda, sino un alivio temporal para estabilizar sus finanzas. Representantes de organizaciones sociales han denunciado que, pese a la vigencia legal, los bancos continúan exigiendo el pago de cuotas y en algunos casos rechazan tramitar las solicitudes para acogerse a los beneficios establecidos.
Desde el ámbito económico, especialistas señalan que aunque la ley reduzca las utilidades bancarias, no provocará pérdidas significativas en el sistema financiero, sino que principalmente aliviará la presión sobre los deudores. Se recomienda a la población presentar solicitudes formales para diferir sus créditos, considerando que el periodo de gracia contemplado se extiende desde noviembre de 2025 hasta abril de 2026. Este mecanismo podría ayudar a las familias a reorganizar sus finanzas, afrontar deudas pendientes y mantener su capacidad de consumo en un contexto de ajustes económicos.
Mientras el Tribunal Constitucional no emita su fallo, la aplicación de la Ley 1670 permanece en suspenso, generando incertidumbre y movilizaciones sociales que exigen al Gobierno la ejecución inmediata de la norma. La resolución de este conflicto jurídico será determinante para miles de familias bolivianas que esperan un respiro financiero en medio de un escenario económico complejo
