La contienda electoral en Bolivia se prepara para una segunda vuelta sin precedentes en la historia del país, programada para el 19 de octubre. Este proceso cuenta con una asignación presupuestaria de 194 millones de bolivianos, un monto que incluye la logística para garantizar el sufragio de los ciudadanos bolivianos residentes en veinte países alrededor del mundo.
La organización de esta fase decisiva ha sido posible gracias a una efectiva coordinación entre las diversas instancias estatales. El Poder Ejecutivo ha asumido un rol fundamental al proveer el financiamiento público íntegro para el desarrollo de los comicios. Además de la inversión económica, el gobierno ha puesto a disposición sus instalaciones diplomáticas y consulares en el exterior para facilitar el voto en el extranjero.
En cuanto a la seguridad, el Ejecutivo ha desplegado recursos significativos. En la primera ronda electoral, por ejemplo, se movilizaron 25,000 efectivos policiales para salvaguardar el orden y la integridad del proceso. Este compromiso con la seguridad subraya el propósito de fortalecer la institucionalidad democrática nacional.
Por su parte, el Órgano Electoral ha implementado medidas para asegurar la transparencia, incluyendo la acreditación de observadores tanto nacionales como internacionales. Asimismo, se ha facilitado el acceso al padrón electoral a los delegados de los partidos políticos contendientes, permitiendo una supervisión detallada.
La participación ciudadana es otro pilar fundamental de este ejercicio democrático, con más de 200,000 jurados electorales designados en todo el territorio. Para apoyar la eficiencia del proceso, el gobierno ha provisto la tecnología necesaria para el funcionamiento del Sistema de Recuento Previo (Sirepre), cuya simulación está prevista para el 12 de octubre, previo a la jornada electoral. La custodia del material electoral también cuenta con el respaldo de la participación militar, consolidando así los avances en la institucionalidad democrática del país
